Reforma electoral de feeling

La reforma electoral que propone Morena en el Congreso de la Unión y que por obvias razones tendrá reflejo en las legislaturas locales, incluida la de Morelos, es riesgosa en tanto se funda mucho más en un par de sentimientos compartidos por una parte de la población, que en estudios serios sobre la democracia mexicana y el funcionamiento de las instituciones sobre las que se sostiene, incluidos, por supuesto los partidos políticos.

Un problema es que, dado el bajísimo nivel de ingreso promedio de los mexicanos, los salarios de la burocracia de mayores niveles, incluida la que labora en los órganos electorales parecen siembre excesivos. Si a esto sumamos una campaña constante, atrevida, calculada, de desprecio y descalificación a las autoridades electorales que ha durado por lo menos tres sexenios y que fue encabezada o por lo menos alentada por quienes hoy detentan el poder, la ideas de remover pronto a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, y los reflejos que ello podría tener en los organismos públicos locales electorales es más que obvia. Habría que recordar, sin embargo, que la reforma que dio siete años de duración en el encargo a los consejeros buscaba y lo logró por lo menos parcialmente, evitar que la institución fuera contaminada por partidismos en los procesos electorales pues omitía la tentación partidista de presionar la conformación de los consejos. Se trataba, y bastante bien iba, que el colegiado no se viera influenciado por la temporalidad de las legislaturas, ni por otros agentes externos; incluso se programaron salarios altos para que valiera la prohibición de dedicarse a cualquier otra actividad pagada durante el tiempo que durara su responsabilidad. Es decir, había toda una explicación racional y técnica en la reforma que definió la duración de los consejeros en su cargo, argumentación que no parece existir en la propuesta de Morena para reducir la duración del periodo de los consejeros.

La reducción del financiamiento público a los partidos políticos puede parecer una buena idea en tanto la contribución de los mismos a la democracia, o para el caso a la vida social y política del país ha sido prácticamente nula. En los hechos, cuando los partidos han votado por las grandes transformaciones que han permitido el innegable avance democrático en México, han sido obligados por la sociedad civil o incluso por coyunturas políticas que a la postre las beneficiarían. Por lo menos hasta la actual reforma, las anteriores fueron construidas por los grupos sociales apoyados por minorías partidistas que contribuyeron a construir mayorías para favorecer la transparencia, la rendición de cuentas, y hasta las obligaciones de los partidos con la vida democrática y la justicia en las contiendas electorales. Sin embargo, tendría que cuidarse el que esa reducción sea programada de acuerdo con una fórmula que no impida la operación de las minorías ni permita al partido mayoritario abrumar a sus contrarios con su poderío económico. El corte de tajo del 50 por ciento de las prerrogativas provocará que los nuevos partidos políticos sean inoperantes, y que los existentes deban recurrir a estrategias de financiamiento privado que resultan extraordinariamente riesgosas; mientras que el partido mayoritario tendrá recursos mucho mayores que sus contendientes. SI a ello sumamos la reducción prometida por el presidente a los tiempos oficiales en radio y televisión, que el INE repartía entre los partidos políticos para fines de comunicación y propaganda, el acercamiento con los ciudadanos y probables electores se volverá prácticamente imposible. En todo caso, una redistribución del financiamiento público a los partidos es necesaria y muy deseable, pero las normas de operación bajo las que habrá de funcionar es vital para garantizar equidad en la contienda electoral, un componente que siempre ha resultado cuestionable, y ahora lo podría ser mucho más.

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