La concepción de gobiernos responsables y, su concreción es de suyo difícil, de nueva cuenta porque los incentivos –e incluso los objetivos personales tanto del gobernante como del parlamentario- pesarían más que los de la sociedad, y están dispuestos a pagar el costo político que supondría no seguir los compromisos contraídos con la sociedad ni el cumplimiento de su programa (línea política, programa de acción e identidad ideológica) expresado en campaña.
Y es que, aunque efectivamente el ciudadano usa el voto para castigar al gobernante apartado de los compromisos contraídos, se encuentra con dos dificultades: la ausencia de información para evaluar, y que el voto se hace en retrospectiva, no pensando en el futuro a construir.
Entre las dificultades que tienen que ver con la ausencia de mecanismos más claros para medir el desempeño de los gobiernos de coalición, o el hecho de que un gobernante no tenga el control de su Congreso y que éste se halle en manos de la oposición.
Por tanto, las elecciones no son el único medio para evaluar a los representantes, a los gobiernos, sobre todo si la sociedad echa mano de la evaluación del desempeño de instituciones democráticas que tienen su propio peso específico, cuya misión es alcanzar el equilibrio y la revisión mutua del desempeño. Esto aplica en los cargos públicos y poderes sujetos a elección, pero no en el Judicial (formalmente).
La crisis de representación y la de las democracias mismas, que arrastramos por décadas, sigue siendo vista con pesimismo, particularmente porque las élites políticas determinan tanto el andamiaje institucional como el legal, su influencia política y la práctica del chantaje siempre partiendo de su propio beneficio.
La coyuntura más reciente plantea esa dificultad en el ámbito nacional, dado que México después de más de dos décadas de congresos en manos de las oposiciones, tiene un gobierno unificado (con mayoría del partido gobernante) y, una vez que la gestión AMLO sume al control del congreso, el de la rama judicial, debilitará de modo muy importante a las instituciones que, son patrimonio de la democracia constitucional para cuidar la división y los equilibrios entre los poderes. Peor aún: un Estado postrado ante la delincuencia organizada revelan que la gestión AMLO es una retórica vacía y su política, una nulidad.
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