El que la Fiscalía Anticorrupción haya decidido solicitar al Congreso del Estado la declaratoria de procedencia para poder someter al alcalde Antonio Villalobos a proceso penal por presunto peculado exactamente el día del inicio del proceso electoral, no parece coincidencia. El procedimiento en contra del alcalde, al que aún faltan muchas etapas, consumirá tiempo, energías, recursos y podría ser un obstáculo en su búsqueda de la reelección. Es una maniobra que, calculada o no, tendrá efectos políticos sobre un adversario evidente del gobernador del estado, de algunos diputados -que esperan ser candidatos a la alcaldía- y de otros grupos que intentan mantenerse o regresar al Ayuntamiento de Cuernavaca para mantener influencias y acceso a dinero mal habido.
Lo que representa a Villalobos el respaldo de un amplio sector de la población que no tiene acceso al poder y sus mecanismos, es la orfandad política que ahora empieza a costarle. El alcalde de Cuernavaca no tiene raigambre política, llegó al poder en medio de una crisis generada por la ambición de quienes sí lo son y de quienes intentan serlo; un pleito que a la postre llevó al candidato suplente a rendir protesta como alcalde de una ciudad hundida en crisis económica, política, social y de seguridad.
Cuando las cosas se fueron complicando, Villalobos anunció, casi al tercer mes de su llegada a la presidencia, que tendría que hacerse una puntual revisión del uso de los recursos de sus antecesores. Las historias de enorme corrupción en la comuna se arrastran desde los tiempos de Manuel Martínez Garrigós, pero no cesaron ahí, incluso hay sospechas sobre la administración del hoy gobernador, Cuauhtémoc Blanco. Villalobos lo sabe y por ello demandó que las auditorías al Ayuntamiento para conocer el origen de la crisis en las arcas de la comuna, se extendieran a las administraciones anteriores.
Villalobos es una piedra en el zapato del gobernador, de legisladores, y de políticos que lo ven como el candidato a vencer en Cuernavaca. No se trata de derrotarlo, sino de eliminarlo a toda costa, de impedirle contender. El alcalde recién nos decía “Dios me pondrá donde quiera que esté”, cuando se refería a su futuro político. La reelección, dice, no le quita el sueño, pero la campaña negra que se está tejiendo alrededor suyo, una orquestada conjunción de acusaciones en el terreno de lo personal y lo familiar, debe serle terriblemente incómoda. Cualquier persona reaccionaría ante ella.
El asunto es mucho más simple de lo que se está tejiendo. Si la Fiscalía Anticorrupción tiene evidencias de la corrupción del alcalde tendría que proceder, respetando el principio de presunción de inocencia, hasta que el asunto se aclare y con ello dar su veredicto. Si carece de ellas, entonces tendría que cesar el escandaloso hostigamiento que contrasta profundamente con el sigilo que ha mantenido en otros casos, muchos de ellos contra la administración anterior, por cierto. Hasta ahora, sólo hay ruido. Pregunta interesante, ¿la persecución contra el alcalde mejora la percepción del gobierno del estado sobre el fiscal y su trabajo?
@martinellito
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