La crisis del sector salud, más allá del INSABI (que se supone sustituirá al Seguro Popular), es más que evidente. Los costos de la atención médica, el aumento en la esperanza de vida, el crecimiento en la incidencia de enfermedades crónico degenerativas, la insolvencia notoria del estado para acortar tiempos de espera de consultas de medicina general y de especialidad, la complicada gobernanza de una infraestructura hospitalaria presionada enormemente por los usuarios, las violaciones frecuentes a los derechos de los pacientes y sus familiares (y ahora de los médicos y enfermeras), hacen que el innegable alto grado de eficacia del sistema de salud pública en el país luzca más como combativo heroísmo que consecuencia de un trazo político eficiente de políticas sanitarias.
Las protestas de médicos y enfermeras por falta de pagos en Morelos son parte de una administración poco eficiente, en efecto, pero también de una constante terrible que apareja los recortes en presupuestos con el encarecimiento de los tratamientos y servicios de salud.
Las determinaciones que el gobierno estatal y el federal tomen en las próximas horas, que podrían convertirse en días, tendrían que centrarse más en el rediseño de las políticas públicas en materia de fomento a la salud y tratamiento de las enfermedades que en atender sólo la urgencia (ineludible) de pagar los adeudos de salarios y prestaciones ya devengadas por el personal del sector salud.
En este tenor, y frente a la advertencia del presidente López Obrador a los estados que dudan incorporarse al INSABI de que no recibirán recursos adicionales para políticas de salud en sus demarcaciones, la advertencia suena en Morelos a una especie de extorsión. Porque uno tendría que entender que si el estado no ha pagado a sus médicos y enfermeras es porque no tiene los recursos para hacerlo, para lo que tiene que pedir ayuda al gobierno federal, ése que le presiona para incorporarse ya al proyecto presidencial de atención a la salud con todas sus fallas, lagunas, y las dudas y suspicacias que puede generar.
La movilización de médicos y enfermeras no tiene un origen político, aunque su uso para el efecto es evidente; tampoco se trata de un intento por minar la imagen del gobernador, el secretario de salud, o cualquier funcionario del ramo, aunque lo hace. Algo cierto es que el gobierno debe salarios y prestaciones al personal del sector salud y ése es el origen del problema. El adeudo se vuelve público, además, un día después de la liquidación de personal del Seguro Popular, y el mismo día en que el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, avisa que aún no decide si conviene a Morelos incorporarse al INSABI y que el presidente anuncia que los que no se integren tampoco habrán de recibir recursos adicionales. Un coctel terrible para la imagen y la percepción que se tiene del gobierno estatal, especialmente considerando que, quienes ahora protestan mantienen un alto grado de reconocimiento y respaldo social. Resolver es urgente, pero el Ejecutivo parece metido en arenas movedizas en cuanto al tema presupuestal. Las protestas seguirán.
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