Antes de concluir el periodo ordinario de sesiones del Senado de la República, se aprobó una reforma de gran relevancia para el país, tendiente a sancionar a quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación.
Incluso, también serán sancionados, hasta con cárcel, a quienes obtengan un lucro al interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje.
Es decir, aquellos grupos sociales que tomen las casetas de peaje y cobren cualquier tipo de cuota por el pase de los vehículos y del transporte, serán sujetos a las sanciones establecida en la Ley General de Vías de Comunicación.
Se tienen que frenar esas prácticas ilegales que se registran en distintas casetas de peaje del país, en donde grupos sociales toman las vías de comunicación y las casetas de peaje para protestar, pero terminan cobrando por el cruce de vehículos, causando graves daños al erario público federal.
Son graves los efectos económicos, sociales y de seguridad que se generan con los bloqueos que se llevan a cabo en casetas de cobro en distintos puntos del país.
De acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el año pasado se perdieron 4 mil 121 millones de pesos. Incluso se observó que grupos que tomaron las casetas por supuestas inconformidades sociales, estaban armados.
Se habla de miles de millones de pesos en pérdidas, que no sabemos a donde fueron a parar, cantidad que el gobierno federal dejó de captar y que bien se pudieron haber utilizado en obras de impacto social.
Ante tales escenarios, el Estado tiene la obligación de garantizar y castigar aquellas prácticas que afecten las finanzas públicas y los derechos de terceras personas.
Si bien es cierto, las y los ciudadanos pueden manifestarse de manera libre y pacífica, como un derecho consagrado en nuestra Constitución, también es cierto, que la interrupción del servicio de las vías generales de comunicación es una acción que vulnera el patrimonio de la Nación, afecta a los usuarios, al dejarlos sin seguro en caso de accidentes, y lesiona el derecho de libre tránsito.
Lucy Meza, senadora por Morelos
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