Los abusos constantes a los que ha estado sometido el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, SAPAC, son una evidencia de la corrupción que impera en todas las esferas de la política y la sociedad morelense. La excesiva tolerancia y hasta complicidad de administraciones anteriores del sistema, favoreció a que el 70 por ciento del agua que se consume en la ciudad provenga de tomas irregulares, de trampas para pagar menos, del robo vil y descarado, pues.
El esquema era más o menos así, el propietario de predio pedía que la toma alimentara su cisterna antes del medidor, el almacén de agua se llenaba siempre sin cargo al usuario; otro era el uso de muchas tomas domiciliarias para pagar el mínimo en algún comercio; uno más, la conexión descarada sin medidor; entre otras formas de transa que provocan que siete de cada 10 pesos que tendrían que ingresar a las arcas de SAPAC se pierdan. Con ello, la red de agua se sigue deteriorando y la presión del líquido sigue siendo mínima en muchas colonias, como Vista Hermosa y Volcanes, donde las plazas comerciales y negocios se llevan la mayor parte de la presión y del líquido, según asegura el propio organismo que, sin embargo, no se ha planteado la suspensión del servicio y el inicio de denuncias contra quienes actúan en la clandestinidad y quienes en el pasado lo permitieron, no. Muy al estilo de la 4T, y en la dinámica de “abrazos no balazos”, el SAPAC buscará ahora llamar a la cordura a los corruptos no al extremo de acusarlos con sus madres, pero sí para buscar que se regularicen de forma inmediata; sólo en caso de que no lo hagan (para lo que darán un plazo en el que SAPAC y todos los usuarios honestos seguirán perdiendo, el primero dinero y los segundos presión de líquido), se procederá a la suspensión del servicio.
Uno podría entenderlo en el caso de los usuarios más humildes, a lo mejor alguien no tiene el dinero suficiente para hacer un contrato de unos cinco mil pesos y tener agua de manera legal; aunque hasta para eso hay pagos en mensualidades. Pero cuando se habla de grandes plazas comerciales y de hoteles de lujo que recurren a artimañas para lograr el menor pago posible, se trata de conductas criminales injustificables, frente a las que tendría que tenerse una tolerancia cero.
Aunque probablemente la explicación del “abrazos no balazos” de SAPAC radica en el reconocimiento de que, aún dentro del organismo operador se ha permitido y fomentado la corrupción. A final de cuentas, la colocación de los medidores la hace personal del organismo a partir de los contratos que se signan y en la forma en que esos contratos establecen. Una acción verdaderamente ejemplar sería la sanción a los funcionarios que permitieron y operaron esa corrupción desde dentro del sistema.
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Imponer la legalidad en el estado es un asunto urgente, lo mismo en SAPAC que en el resto de los sistemas operadores de agua potable, en los ayuntamientos, en el gobierno estatal, por eso merece aplauso la determinación del Ejecutivo estatal de intervenir, con el Ejército y la Policía Morelos, en el restablecimiento de la legalidad en Amacuzac, un proceso que comenzó ayer y llevará muchos meses para completarse. La toma de protesta de un nuevo alcalde en sustitución del que está preso en un penal de Durango es el primero de una larga lista de pasos que deben emprenderse para la recuperación del orden en la zona sur del estado.
Pablo Ojeda supo tejer fino y a final de cuentas logró que el relevo se diera, por lo menos en lo inmediato, en relativa paz. La presencia del Ejército, la Guardia Nacional y la policía Morelos, ayuda a la tranquilidad, aunque se mantiene la tensión entre los habitantes del municipio. El gobierno estatal hará bien en acompañar muy de cerca al nuevo alcalde; es vital que la percepción de orden institucional regrese a todos los rincones del estado. Empezar por Amacuzac es una buena señal.
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