A una semana del Día Internacional de la Mujer, es importante tener claridad que nuestra lucha no se reduce a una fecha o momento, sino que es constante e incansable, pues parte de la necesidad local, nacional y mundial de dar un giro de timón hacia el camino del desarrollo social, la protección de los derechos humanos y la consolidación de una vida libre de violencia para todas las mujeres.
En este sentido, hay que tener claro que la cadena de violencia machista se extiende a lo largo de nuestra sociedad, por ello, se deben tomar acciones desde múltiples frentes, medios y voces; de manera que la solución a esta problemática sea integral, profunda y eficiente.
Ahora bien, las agresiones con razón de género tienen múltiples formas. En este espacio, quiero hacer hincapié en aquella que se presenta en los lugares de trabajo y que tiene un impacto económico negativo en sus víctimas. Me refiero a la desigualdad salarial que existe en México, a partir de la cual se da una menor remuneración a las mujeres por desempeñar el mismo trabajo que realizan sus compañeros hombres.
De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2019, la brecha salarial entre mujeres y hombres que existía en nuestro país era del 18.8%, lo que nos situaba en uno de los primeros lugares de esta problemática, de entre los países que integran dicha organización internacional.
Ahora bien, es importante comprender que, detrás de estas cifras, existe miles de mujeres que enfrentaron un impedimento para alcanzar la autosuficiencia económica y realizar sus metas a futuro. El empleo formal, entonces, deja de ser el mecanismo principal y único para llegar a sus objetivos, lo que las empuja a encontrar alternativas para dar la vuelta a esta problemática.
Entonces, teniendo esta problemática frente a nosotros, durante la sesión del pasado 10 de marzo, las y los senadores aprobamos un dictamen que incluía reformas a 11 ordenamientos legales, que tienen como finalidad ser un contrapeso legislativo para eliminar la brecha salarial.
Dentro del contenido de este trabajo legislativo se encuentra la garantía de una igualdad salarial cuando se desempeñe un trabajo de igual valor (y prohibir acciones que perpetúen la brecha salarial); impulsar políticas públicas que fortalezcan el acceso de las mujeres al empleo —en el sector público, privado y social—; prohibir que se oferten empleos con cualquier tipo de discriminación o uso de lenguaje sexista; y que los centro de trabajo obtengan Certificados de Igualdad Laboral y No Discriminación.
De nuevo, la lucha de las mujeres continúa todos los días y no es en vano. Resultados, como este, dan cuenta de la fortaleza de nuestra lucha y de la importancia de seguir impulsando, desde nuestros espacios, una transformación social, política, económica y cultural a partir de la cual se erradique, de una vez por todas, la violencia de género.
Senadora por Morelos
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