El ex gobernador, Graco Ramírez, responde por Twitter a la columna en que dimos cuenta del proceso que se sigue en contra de la ex secretaria de cultura por el pago de los gastos de impresión de un libro que no se publicó: “El libro existe. El Gobierno que asumió no lo imprimió. Consta el texto y el libro sobre Joy Laville. Es una historia y testimonio de su vida. Prefieren juicio que publicar lo que quedó listo para imprimir. La cultura es también inversión en creadores y autores”. Y en términos generales, podríamos decir que creemos que el documento, probablemente como borrador u original mecánico, haya sido completado y que el ex gobernador lo haya visto, revisado, presumido. De hecho, en abril de 2018, durante las exequias de la pintora, Graco Ramírez, montó una guardia de honor junto al féretro de la pintora, en la que le acompañaron la entonces directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lidia Camacho y la hoy ex secretaria de cultura hoy vinculada a proceso por el presunto ejercicio indebido del servicio público. En el mismo marco, el gobierno estatal informó a través de un comunicado que estaba preparando el libro de homenaje a la pintora.
El tomo fue incluso incluido en un convenio con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para diversos proyectos del fondo editorial del 3 de marzo de 2014, y para el que se transfirieron recursos por más de 32 millones de pesos el 28 de julio del mismo año, según los datos de la Fiscalía Anticorrupción.
De ser ciertas esas fechas, para cuando el libro homenaje fue aprobado, la pintora llevaba 29 años viviendo en México y tenía 91 años de edad. La de Joy Laville es una obra digna de reconocimiento, de trazos sencillos y alegres, pero complejas composiciones, su plástica puede ser fácilmente ubicada por los lectores de Jorge Ibargüengoitia, cuyas portadas ilustró para Joaquín Mortiz y Planeta. Los merecimientos de la inglesa nacionalizada mexicana para recibir los homenajes que se plantearon tras su muerte y los que sigan, son incuestionables.
Si creemos en los dichos de Graco Ramírez y de la Fiscalía Anticorrupción (cuya titularidad está en quien fue su consejero jurídico en el gobierno estatal, Juan Salazar, que cumplía esa función cuando se firmaron los convenios que suponían, entre otras obligaciones la impresión del libro), tendríamos que concluir que el problema es, en todo caso, que el gobierno estatal tardó cuatro años en mandar a la imprenta un libro; y que a fin de cuentas, derivado el cambio de administración la edición no fue completada por falta de interés.
Sobre eso de que “la cultura es también inversión en creadores y autores”, no hay duda, en todo caso la crítica va por lo que nos parece podría ser un gasto excesivo, sobre todo calculando que el libro en comento jamás se publicó, es decir, para fines prácticos (y disculpen por la repetición), el libro no existe. Si la responsabilidad es del gobierno anterior, del actual, o compartida, es un asunto que deberán dilucidar los tribunales. Se pagó por un libro que no se imprimió y eso es una conducta constitutiva de delito. Ojalá la documentación que lleve a la edición y entrega final del libro aparezca. Joy Laville lo merece.
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