La crisis por la que atraviesa el Sistema Nacional de Salud no puede negarse, como parece hacerse desde algunos sectores del gobierno federal, no se trata de un invento mediático ni de enemigos del actual régimen. Tampoco es un asunto nuevo.
Desde hace décadas el modelo de salud intenta adaptarse a nuevas circunstancias sociales que han alargado la vida de los mexicanos, pero también que suponen un cambio en el patrón de enfermedades que deben atenderse. Asuntos como la protección financiera de las familias que enfrentan gastos en salud, el aumento constante de recursos destinados a la atención de enfermedades y el cuidado de la salud, el crecimiento de beneficiarios a un ritmo mucho mayor que el de la infraestructura para atenderlos, el déficit de médicos y enfermeras poco atendido, los problemas de fondeo a las instituciones de salud, a la investigación en salud pública, la disparidad entre la inversión en promoción de la salud y servicios de atención a las enfermedades, la falta de acceso regular a servicios de atención integral a la salud en regiones marginadas, la saturación de las unidades urbanas que alarga los tiempos de espera en consulta general y mucho más en especialidades; no han podido ser resueltos en las últimas décadas, a pesar de los esfuerzos realizados y de innumerables historias de éxitos médicos producto del talento de cientos de profesionales de la salud.
Los retos en salud crecen a mucha mayor velocidad de lo que las instituciones parecen capaces de enfrentarlos y ello no es culpa de quienes observan la crisis que ya existe en el sector salud, sino del propio diseño institucional que se agrava con políticas públicas erráticas (por decir lo menos). El componente financiero del sistema de salud representa probablemente el mayor de los frenos. No se trata de aumentar los salarios de los funcionarios del sector, sino de lograr que los recursos destinados al sector sean suficientes para garantizar la protección sanitaria y financiera de todos los mexicanos.
El problema no tendría que ver con el reconocimiento de la crisis (que es evidente para los usuarios, pero más para los trabajadores del sector salud), sino en la urgencia de una reforma integral a la estructura de los servicios de salud, incluida la investigación, que garantice un financiamiento creciente al ritmo del incremento en las necesidades del mismo generado por las transformaciones sociales que modifican las urgencias en materia de salud.
Asfixiar, en aras del ahorro o el combate a la corrupción, o ambas cosas, al sistema nacional de salud parece un contrasentido en medio de la evidente falta de inversión. Por lo menos 250 unidades médicas se mantienen abandonadas o a media construcción por falta de presupuesto; los proyectos de nuevos hospitales y clínicas se mantienen detenidos a pesar de lo urgentes que resultan para los usuarios; el abasto de medicamentos para la población en general se mantiene en niveles permisibles, pero no así el de sustancias para atención de segundo y tercer nivel, enfermedades graves cuyos tratamientos resultan caros; los gastos catastróficos que las familias mexicanas enfrentan por enfermedades se mantienen en niveles impermisibles, y la falta de protección hace que el riesgo de crisis familiar por las afectaciones que producen las enfermedades siga siendo un elemento de riesgo.
La reforma en el sector salud es urgente y pasa por la unificación de servicios, lo que ofrecería una ampliación inmediata de la cobertura y con ello favorecería la eficiencia en la inversión. Las complicaciones que este proyecto ha significado en lo prestacional y político pueden ser subsanadas mediante una reestructura integral del sector que agrupe en una institución los rubros sanitario y de protección financiera, y en otras (muchas si se quiere) los beneficios prestacionales.
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