Hace un par de días una declaración ocupó la primera plana de El Sol de Cuernavaca. La nota decía “Faltan 2,100 mdp para la seguridad…”, y debo confesar que atrapó mi atención de manera inmediata no por la enorme cantidad diagnosticada, sino por el interés de conocer las ideas (por lo menos esbozadas) que el actual gobierno tiene para resolver la falta de recursos y evitar la parálisis de los servicios públicos.
Hay un paso adelante cuando se conocen los problemas y su costo para resolverlos, pero la seguridad pública no es la única función que el gobierno debe resolver y que requiere de mayores recursos. Desafortunadamente, la nota no ofrecía ninguna información sobre la forma como se plantean obtener los recursos en seguridad, por lo que debemos esperar hasta la presentación del proyecto de presupuesto. Sin embargo, el foco no está únicamente en la forma como se obtendrán los recursos en seguridad, sino en la cantidad que pueda alcanzar la atención prioritaria en salud, educación, desarrollo social, infraestructura urbana, transporte, movilidad, administración de justicia, cultura y una larga lista de pendientes.
Por supuesto que la parálisis no es una opción, ni los comunes reclamos a la federación por la falta de recursos. El mensaje ha sido claro y todos han dicho que existe una crisis financiera; AMLO fue el primero en decirlo a nivel federal y en estos días parece claro que la crisis alcanzó al gobierno del Estado y a 31 municipios de Morelos. Lo anterior debería entenderse entonces, como el final de una etapa en la historia de la administración pública y una responsabilidad excepcional en la construcción de un nuevo paradigma de gobierno que prevalece en todos los ámbitos.
Hasta ahora no existe un proyecto alternativo de arranque. Las autoridades locales han mantenido las prácticas, objetivos e instrumentos de política pública y tampoco se conocen los planes, estrategias y objetivos en el corto, mediano y largo plazo; muchos dirán que es porque apenas están en los foros de escucha ciudadana para conocer la opinión de la gente. Seguramente así es, aunque en el fondo todos sepamos lo que pide la gente.
Romper con las actuales prácticas implica llevar a cabo una amplia discusión con propuestas técnicamente factibles e incluyendo a todos los sectores de la sociedad. Mantener el status quo implica desaprovechar oportunidades y postergar el desarrollo, la justicia y seguridad que requiere el Estado.
Hace unos años, en diciembre de 2012, el Congreso aprobó la Ley de Ingresos para el 2013 en el que se destacó como un importante cambio “…la reducción de ingresos derivados del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos ya que al desaparecer esta contribución vehicular, el Estado de Morelos deja de percibir aproximadamente 250 millones de pesos…”. Sería interesante conocer el resultado expost de esta decisión, ya que seguramente fomentó el registro de más autos que no estaban considerados en la proyección, lo cual hemos visto en muchos dueños de vehículos de lujo de la CDMX y otras entidades federativas, que aprovecharon esta ventaja impositiva.
En aquel entonces, este boquete financiero se dijo que se resolvería mediante “…la coordinación y a la colaboración administrativa entre el Estado y la Federación, así como entre el Estado y los Municipios, para allegarse de los recursos necesarios que permitan hacer frente a la disminución de ingresos mencionada, así como en el no incremento de las cuotas y tarifas vigentes; por lo que nuevamente se propone la autorización para que el Ejecutivo Estatal celebre los convenios necesarios en materia de Coordinación Hacendaria...”
No estoy sugiriendo a nadie restablecer la tenencia. La decisión de continuar así o regresar al esquema anterior está en manos del gobierno, previo análisis de los resultados obtenidos durante los últimos seis años. Lo que no es válido es hablar de crisis y carencia de recursos sin presentar o proponer a la ciudadanía también las soluciones.
