Antes de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, el poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación era incuestionable. Tanto la autoridad educativa como los propios maestros sabían de la influencia que tenía la organización gremial en la asignación de plazas, cambios, ascensos, y hasta en el trazo de la política educativa nacional y se operaba en consecuencia.
El SNTE llegó a ser incluso una autoridad educativa paralela, y en muchos casos superior a las de los estados, y no fueron pocas las veces que se impuso incluso a la autoridad federal.
La importancia política de figuras como Elba Esther Gordillo deriva más que de sus habilidades de liderazgo, de un intrincado legal y político que facilitaba el acceso del SNTE a la toma de decisiones elementales y también muy complejas en la administración educativa. Este poder extraordinario, del que no se rendía cuentas más que someramente en congresos sindicales cerrados al público, facilitó la formación de círculos de corrupción en prácticamente todas las esferas sindicales, que condujeron a una crisis del modelo educativo (refleja en las evaluaciones estandarizadas) y al descrédito de la organización sindical frente a la sociedad y a cientos de miles de sus agremiados.
En ese escenario, la reforma educativa de Peña Nieto buscó la reducción de la relevancia del SNTE y otras organizaciones magisteriales, en la toma de decisiones de política educativa y laborales del sector e incluso redujo los comités de gobierno sindical formados por personal comisionado. Se llegó incluso a decir que el SNTE era ya inoperante, que no tenía caso mantenerlo, y hasta quienes en otros tiempos habrían luchado por dirigir una sección o insertarse en el comité nacional, perdieron estímulos para hacerlo.
El SNTE, entonces, había perdido su poder y aunque la dirigencia aliada en aquel entonces del gobierno de Peña Nieto, intentó enfrentarlo con la mayor elegancia, en los hechos todos sabían que, desmantelados los círculos de corrupción, se había desarticulado también el poder de las dirigencias sindicales. La contrarreforma de Andrés Manuel López Obrador tiende a revertir todos los efectos políticos y laborales del esquema educativo de Peña Nieto (no el impacto en el aprendizaje, que aún no se ha terminado de juzgar (la primera generación de estudiantes producto de la reforma de 2014 se habría graduado lo más temprano, en el 2026, lo que no ocurrirá con la contrarreforma). Uno de esos efectos era, justamente, que el Estado recuperara el gobierno del sistema educativo nacional.
Las leyes secundarias en materia educativa plantean que sean las organizaciones sindicales las que participen en la evaluación del magisterio como un servicio para el gobierno, lo que implicará no sólo devolverles mucho personal comisionado, sino además, les ofrecerá recuperar el control sobre la asignación de plazas, los ascensos, las promociones, los premios, y el resto de los esquemas de manejo de personal, con lo que círculos de corrupción que se habían superado (o por lo menos reducido enormemente), vuelven a ser un riesgo para el sistema educativo nacional. No se trata de prejuzgar la honestidad del sindicado, pero lo cierto es que se trata de una organización que no está obligada a rendir cuentas al público sobre su toma de decisiones, y sus obligaciones jurídicas de transparencia son verdaderamente mínimas, lo que favorece la tentación por lo menos.
De inicio el SNTE puede estar tranquilo, en breve recuperará por ley lo que otra ley le había quitado, y con ello será poderoso nuevamente. Un poder que lo vuelve a hacer un suculento bocado para los grupos políticos que, ahora sí con razón, se lo disputan.
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