/ miércoles 28 de marzo de 2018

Sobre el Informe de Evaluación de la Política Social 2018

Como lo adelantábamos hace unas semanas, finalmente se publicó el Informe de Evaluación de Política Social 2018, del Coneval. A manera de balance, se analizan los principales avances que se han tenido desde el 2008, fecha en la que se inicia prácticamente la medición de la pobreza con la publicación de la Ley General de Desarrollo Social.

La primera conclusión es que sólo la pobreza extrema se ha podido reducir, lo que se atribuye a los programas sociales y los esfuerzos de coordinación. El avance también ha sido positivo en la reducción de las personas con carencias sociales; sin embargo, por razón del ingreso no se han tenido avances durante todo este periodo.

En este aspecto, llama la atención que el Informe considere los aspectos económicos como factores de incidencia sobre el comportamiento de la pobreza. Lo cual redunda en la típica conclusión de que para una mejor política social se requiere una buena política económica.

Junto con el ingreso, el derecho a la alimentación es uno de los grandes retos que tienen las políticas públicas ya que la incidencia en la población en general no ha logrado generalizarse ni reducir los problemas de cobertura aunque se han tenido avances en la focalización.

Considerando el aspecto territorial, los estados del sur-sureste siguen siendo los más pobres del país desde hace 10 años. En el caso de Morelos, el rango de la población en pobreza urbana y rural siguen rondando en el 50 por ciento de la población.

Respecto a las políticas públicas, el informe recomienda transitar de la planeación sectorial a la planeación enfocada en la atención de los derechos sociales. Sin duda este ha sido uno de los principales temas de discusión, pero que la lógica del diseño institucional no ha permitido revertir esta dinámica.

Se recomienda el trabajo en coordinación entre los actores de distintos ámbitos y órdenes de gobierno, lo cual en la experiencia de Morelos logró en varios aspectos mejorar la incidencia de intervención pública. No obstante, existen varios problemas que desde el marco legal impiden que sea una práctica generalizada.

Desde el año pasado pudimos conocer 2 instrumentos adicionales de medición de la política social: el informe de pobreza y el monitoreo y evaluación de las políticas sociales. Por lo que respecta a Morelos, tenemos avances dignos de destacar.

Muchos de los retos que tuvimos al inicio del Gobierno se lograron alcanzar y resolver con la dedicación y el profesionalismo de muchas personas involucradas de distintas áreas del gobierno.

No obstante, quedan muchos otros por delante que deben atenderse con la mayor responsabilidad y eficiencia. La ciudadanía ya no esta tan dispuesta a seguir esperando. Esperamos que el próximo gobierno logré arrancar con la suficiente fuerza que requieren estos temas para su atención.

Como lo adelantábamos hace unas semanas, finalmente se publicó el Informe de Evaluación de Política Social 2018, del Coneval. A manera de balance, se analizan los principales avances que se han tenido desde el 2008, fecha en la que se inicia prácticamente la medición de la pobreza con la publicación de la Ley General de Desarrollo Social.

La primera conclusión es que sólo la pobreza extrema se ha podido reducir, lo que se atribuye a los programas sociales y los esfuerzos de coordinación. El avance también ha sido positivo en la reducción de las personas con carencias sociales; sin embargo, por razón del ingreso no se han tenido avances durante todo este periodo.

En este aspecto, llama la atención que el Informe considere los aspectos económicos como factores de incidencia sobre el comportamiento de la pobreza. Lo cual redunda en la típica conclusión de que para una mejor política social se requiere una buena política económica.

Junto con el ingreso, el derecho a la alimentación es uno de los grandes retos que tienen las políticas públicas ya que la incidencia en la población en general no ha logrado generalizarse ni reducir los problemas de cobertura aunque se han tenido avances en la focalización.

Considerando el aspecto territorial, los estados del sur-sureste siguen siendo los más pobres del país desde hace 10 años. En el caso de Morelos, el rango de la población en pobreza urbana y rural siguen rondando en el 50 por ciento de la población.

Respecto a las políticas públicas, el informe recomienda transitar de la planeación sectorial a la planeación enfocada en la atención de los derechos sociales. Sin duda este ha sido uno de los principales temas de discusión, pero que la lógica del diseño institucional no ha permitido revertir esta dinámica.

Se recomienda el trabajo en coordinación entre los actores de distintos ámbitos y órdenes de gobierno, lo cual en la experiencia de Morelos logró en varios aspectos mejorar la incidencia de intervención pública. No obstante, existen varios problemas que desde el marco legal impiden que sea una práctica generalizada.

Desde el año pasado pudimos conocer 2 instrumentos adicionales de medición de la política social: el informe de pobreza y el monitoreo y evaluación de las políticas sociales. Por lo que respecta a Morelos, tenemos avances dignos de destacar.

Muchos de los retos que tuvimos al inicio del Gobierno se lograron alcanzar y resolver con la dedicación y el profesionalismo de muchas personas involucradas de distintas áreas del gobierno.

No obstante, quedan muchos otros por delante que deben atenderse con la mayor responsabilidad y eficiencia. La ciudadanía ya no esta tan dispuesta a seguir esperando. Esperamos que el próximo gobierno logré arrancar con la suficiente fuerza que requieren estos temas para su atención.

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