La cultura política derivada de contextos autoritarios, antidemocráticos y discrecionales constituye el gran reto. Por tanto, el rol y las estrategias de las oposiciones en ese tipo de regímenes tendrá que estar orientada a construir no sólo la confianza en los procesos electorales, sino en las instituciones responsables de organización y arbitraje, trabajar el mejoramiento del diseño institucional para asegurar elecciones competitivas, libres, con órganos administrativos y judiciales imparciales e independientes.
Sin embargo, en las democracias en consolidación, es difícil esperar que los actores políticos y sociales implicados en la contienda electoral tengan una actitud cooperativa, generando escenarios de suma cero, en los que el que gana, lo gana todo, y el que pierde lo pierde todo.
Debe agregarse que los problemas derivados de la estructura polar establecida por la administración AMLO, para reducir el debate público entre aliados y adversarios es (in) efectiva en un escenario político global de confrontación e incertidumbre y de desorganización del sistema de partidos mexicano.
Así, la gobernanza electoral respecto de sus componentes, debe exhibir el vigor y capacidad de los organismos de administración y de justicia electoral para gestionar los conflictos por canales institucionales, el funcionamiento eficiente de las instituciones electorales generadoras de espacios donde las fuerzas políticas encuentren acuerdos y resuelvan sus diferencias en torno a las elecciones.
En otras palabras, requiere el paÍs de la interacción de preceptos constitucionales, leyes y reglamentos, así como las características de tipo político que regulan a las instituciones, lo mismo que las prácticas organizativas, como son las reglas básicas de los procedimientos a utilizar en las elecciones y la contienda electoral, la organización de campañas, el registro de votantes y el escrutinio de votos el día de las elecciones, la resolución de disputas y la certificación de resultados.
Todas esas tareas deben continuar por el camino de asegurar elecciones competitivas y tener por tanto, una práctica efectiva de una competencia política distante de la propuesta del presidente de la República de gobernar con su estructura polar y destruyendo a los actores, partidos, organizaciones sociales que, deben seguir siendo intermediarios de una sociedad en democracia que, escucha, respeta y considera la crítica.
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