En torno a la concepción de gobiernos responsables, su concreción es igualmente difícil, de nueva cuenta porque los incentivos –e incluso los objetivos personales tanto del gobernante como del parlamentario- pesarían más que los de la sociedad, y están dispuestos a pagar el costo político que supondría no seguir los compromisos contraídos con la sociedad ni el cumplimiento de su programa de gobierno expresado en campaña.
Y es que, aunque efectivamente el ciudadano usa el voto para castigar al gobernante apartado de los compromisos contraídos, se encuentra con dos dificultades: la ausencia de información para evaluar, y que el voto se hace en retrospectiva, no pensando en el futuro a construir.
Otras dificultades tienen que ver con la ausencia de mecanismos más claros para medir el desempeño de los gobiernos de coalición, o el hecho de que un gobernante no tenga el control de su Congreso y que éste se halle en manos de la oposición.
Por tanto, las elecciones no son el único medio para evaluar a los representantes, a los gobiernos, sobre todo si la sociedad echa mano de la evaluación del desempeño de instituciones democráticas que tienen su propio peso específico, cuya misión es alcanzar el equilibrio y la revisión recíproca del desempeño. Esto aplica en los cargos y poderes sujetos a elección, pero no en la rama Judicial.
La crisis de representación y la de las democracias mismas, que arrastramos ya durante décadas, sigue siendo vista con pesimismo, particularmente porque las élites gobernantes determinan tanto el andamiaje institucional como el legal, siempre partiendo de su propio beneficio.
Seguimos enfrentados con la necesidad de conocer lo que hace el gobierno –la transparencia- y seguimos enfrentados al oscurantismo del que nuestros supuestos representantes –tanto en el gobierno como en los congresos- dicen hacer en nuestro beneficio.
Uno de los más terribles males a los que nos enfrentamos, tanto en el caso de la representación como en el de la democracia, es la imposibilidad de evitar que las élites políticas induzcan tanto el resultado de las elecciones como de las políticas gubernamentales, tomando decisiones de grupo bajo la argumentación de que ese es el beneficio de las mayorías.
Ese determinismo político ha sido trasladado incluso al terreno de lo electoral: de las elecciones competitivas y diferenciadas en la oferta tanto legislativa como de gobierno, pasamos a la misma agenda –con sus matices- de los distintos partidos políticos, como de sus candidatos. Bajo este esquema, la sociedad carece de opciones para elegir una verdadera representación y los mecanismos, leyes e instituciones que garanticen que se vive en una auténtica forma de democracia liberal.
En este contexto, sociedades enteras enfrentarían élites políticas que se turnan la representación y el poder a partir de su complicidad para minar toda oferta diferente ante el electorado. Y más aún: derivan también en convertirse en socios de los beneficios que otorga legislar y gobernar de espaldas a la sociedad, porque el costo político a pagar es mínimo: acaso perder el poder, pero para que gobierne el socio, al cual le unen la corrupción y la impunidad.
En México por ejemplo, a pesar de ser emblema de la élite del poder, el retraso en la efectividad del sistema anticorrupción es responsabilidad de todos los partidos y actores políticos, porque de fondo a ninguno conviene. Y para hacer frente a ese compromiso contraído con la sociedad, a fin de exponer la idea de que se está cumpliendo, se aprueban legislaciones frágiles en su contenido y por tanto en su afecacia y se nombran funcionarios proclives al régimen político y de entre la misma élite económica y políticas.
No es, por tanto, nada sencillo llegar a la verdadera representación y mucho menos hacer realidad la democracia, lo mismo en países en transición política, que en aquellos que aparentemente tienen mayor experiencia en esta práctica.
Acaso la democracia participativa podría arrojar algunos visos de solución, pero tampoco es cierto del todo. El caso de Reino Unido es muy ilustrativo: se pregunta a la sociedad si desea abandonar la Unión Europea y contra todos los pronósticos y la lógica política de relaciones comerciales, así como las posiciones en el ajedrez de la geopolítica, decide abandonarlo, atentando en su contra, acaso por la falta de información suficiente, tal vez por un nacionalismo mal enfocado en la interdependencia de las economías y los intercambios comerciales.
No hay muchas salidas en puerta. Lo que sí queda claro es que, si este es el camino que vamos a continuar –el de las democracias representativas- tendremos que construir mejores instituciones y leyes que nos permitan el cumplimiento de los compromisos contraídos por las coaliciones de partidos y candidatos.
Lamentablemente, todo cambio legal e institucional está en manos de los verdugos de la democracia. Ya en el siglo XVI, en su ensayo sobre la servidumbre voluntaria, Étienne de la Boétie, se preguntaba por qué las víctimas eligen a su verdugo y se repondía, por la fuerza de la rutina y por el relato de que no hay otra alternativa. Tengámoslo presente hoy que vemos al presidente, López Obrador mover sus piezas en la cámara de diputados y el senado a fin de concentrar en sus decisiones el presupuesto de cara a la construcción de las elecciones 2021 y la estratégica elección (entre otras) de los miembros de la próxima legislatura en San Lázaro, en medio de movimientos y disputas en el otro ámbito de la elite política, las regiones, un muy interesante ángulo de la competencia política en la búsqueda de equilibrios en la élite del poder.
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