Uno podría verse tentado a comparar los problemas de censura que padece el presidente norteamericano, Donald Trump por parte de empresas tecnológicas de comunicación, con el que presuntamente afecta al presidente, Andrés Manuel López Obrador, por la recomendación del INE para evitar la transmisión completa de sus conferencias de prensa diarias durante el período electoral. Alegaría alguien que en ambos casos es evidente la restricción a la expresión libre de los mandatarios (un problema novedoso en tanto los gobernantes han dejado de ser representantes de las instituciones para transformarse en intérpretes de sí mismos); pero su error sería doble.
Las limitaciones son diferentes porque los canales son diversos. En el caso de Trump, la censura viene de las empresas de redes sociales que consideran, con cierta razón, que el presidente de los Estados Unidos violó los términos del acuerdo al que voluntariamente accedió y que incluyen, entre otras restricciones, el incitar al odio, a la insurrección, la difusión dolosa de información notoriamente falsa y otros a los que cualquiera debe consentir para tener suscripciones en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Esos términos y condiciones, por cierto, se han ido modificando, en parte para que las redes sociales sean un mejor negocio (que comparte a empresas comerciales de todo el mundo la información privada de sus usuarios con autorización de los mismos), pero también para volverlas un sitio menos riesgoso donde se evitan mensajes ofensivos, criminales, pornografía, y otros (con todos los defectos que eso tiene).
Para López Obrador la limitación opera a partir de su figura como servidor público y por la prohibición expresa en la Constitución y otras leyes de que los gobernantes hagan propaganda política desde su función pública; una solicitud que múltiples veces antes de este sexenio fue defendida e invocada por el partido del hoy presidente. Se trata de evitar la difusión de mensajes propagandísticos disfrazados de logros de gobierno. En el caso del presidente de México, la restricción opera en todos los canales, públicos y privados, porque existe en la legislación nacional. No es una ocurrencia del Instituto Nacional Electoral, sino una recomendación frente a una conducta actual que, en período electoral, podría ser constitutiva de delitos.
Cierto que el problema es mucho mayor a los tratamientos que se ofrecen, básicamente porque la transformación de la gestión y la personalidad de los mandatarios ha sido diametral y en muy poco tiempo. Se vuelve urgente una revisión mucho más profunda al tema que pase por la garantía de los mayores derechos posibles para los sujetos, pero también por la garantía de protección de las audiencias, y equidad de acceso a los medios para los adversarios de esos sujetos. Por lo pronto, los tratamientos que lo mismo las empresas de redes sociales que el INE han dado al tema parecen adecuados con las herramientas con que cuentan. Pero en tanto la mesura y la ética en la comunicación no sean inherentes al poder público, no podemos confiar sólo en los tratamientos casuísticos.
@martinellito
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