/ sábado 24 de agosto de 2019

Un derecho humano asequible

El articulo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

De acuerdo con la Real Academia de la lengua española, la palabra asequible proviene del latín assequibilis, y este deriva del latín assĕqui, que significa 'conseguir, obtener'. De esa manera “asequible”es un adjetivo que significa “que puede conseguirse o alcanzarse”.

Este concepto tiene dos vertientes en relación con los derechos humanos al agua y al saneamiento, por un lado tiene una connotación física, que se refiere por ejemplo a que el agua este alcanzable para la población en sitios cercanos, y por otro lado también tiene una connotación económica, que se refiere a que los servicios se brinden a un precio que la población pueda pagar.

Unos servicios asequibles son esenciales para garantizar el acceso al agua y el saneamiento, especialmente para las personas que viven en la pobreza.

De acuerdo con los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2018, de una población total de más de 125 millones de mexicanos, aproximadamente 61 millones viven por debajo de la línea de pobreza y 21 millones en por debajo de la línea de pobreza extrema (por ingresos).

En este contexto es especialmente importante garantizar que esa población en condiciones de pobreza y sobre todo aquella en condiciones de pobreza extrema, no verán limitados sus derechos por no poder pagar las tarifas correspondientes a esos servicios.

Las tarifas por los servicios de agua y saneamiento en teoría son fijadas por cada Sistema de Agua Potable en cada municipio, pero lo hacen sobre la base de la legislación estatal y de las circunstancias locales (sociales y en muchos casos políticas), debido a ello, esas tarifas a menudo difieren considerablemente en municipios colindantes o incluso entre localidades de un mismo municipio o en zonas aledañas de una misma localidad.

En una buena parte de los estados del país, las tarifas todavía deben pasar a aprobación de los Congresos locales, eso ha generado que en muchos casos la tarifa no se haya incrementado en varios años, bajo el argumento de defender la economía de la población, sin embargo, tampoco se han autorizado los recursos de otras fuentes para poder compensar ese rezago en el ingreso, y mientras tanto, el costo de los insumos sigue aumentando, el mejor ejemplo es el costo de la energía eléctrica, pero también los sueldos y salarios y los insumos para potabilización o tratamiento.

Esto, lejos de beneficiar a la población, la ha afectado considerablemente, porque los prestadores de servicios no reciben un ingreso que pueda cubrir los costos de proveer servicios adecuados, y estos se han venido deteriorando con el paso de los años. La población ha dejado de recibir agua, todos los dias, todo el día y con calidad potable.

#aguaparatodos

El articulo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

De acuerdo con la Real Academia de la lengua española, la palabra asequible proviene del latín assequibilis, y este deriva del latín assĕqui, que significa 'conseguir, obtener'. De esa manera “asequible”es un adjetivo que significa “que puede conseguirse o alcanzarse”.

Este concepto tiene dos vertientes en relación con los derechos humanos al agua y al saneamiento, por un lado tiene una connotación física, que se refiere por ejemplo a que el agua este alcanzable para la población en sitios cercanos, y por otro lado también tiene una connotación económica, que se refiere a que los servicios se brinden a un precio que la población pueda pagar.

Unos servicios asequibles son esenciales para garantizar el acceso al agua y el saneamiento, especialmente para las personas que viven en la pobreza.

De acuerdo con los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2018, de una población total de más de 125 millones de mexicanos, aproximadamente 61 millones viven por debajo de la línea de pobreza y 21 millones en por debajo de la línea de pobreza extrema (por ingresos).

En este contexto es especialmente importante garantizar que esa población en condiciones de pobreza y sobre todo aquella en condiciones de pobreza extrema, no verán limitados sus derechos por no poder pagar las tarifas correspondientes a esos servicios.

Las tarifas por los servicios de agua y saneamiento en teoría son fijadas por cada Sistema de Agua Potable en cada municipio, pero lo hacen sobre la base de la legislación estatal y de las circunstancias locales (sociales y en muchos casos políticas), debido a ello, esas tarifas a menudo difieren considerablemente en municipios colindantes o incluso entre localidades de un mismo municipio o en zonas aledañas de una misma localidad.

En una buena parte de los estados del país, las tarifas todavía deben pasar a aprobación de los Congresos locales, eso ha generado que en muchos casos la tarifa no se haya incrementado en varios años, bajo el argumento de defender la economía de la población, sin embargo, tampoco se han autorizado los recursos de otras fuentes para poder compensar ese rezago en el ingreso, y mientras tanto, el costo de los insumos sigue aumentando, el mejor ejemplo es el costo de la energía eléctrica, pero también los sueldos y salarios y los insumos para potabilización o tratamiento.

Esto, lejos de beneficiar a la población, la ha afectado considerablemente, porque los prestadores de servicios no reciben un ingreso que pueda cubrir los costos de proveer servicios adecuados, y estos se han venido deteriorando con el paso de los años. La población ha dejado de recibir agua, todos los dias, todo el día y con calidad potable.

#aguaparatodos

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