/ domingo 9 de mayo de 2021

Un giro inesperado

La partida contra COVID-19 sufrió un giro inesperado esta semana. En una reunión de la Organización Mundial del Trabajo, el gobierno de Estados Unidos expresó su apoyo a la solicitud realizada por India y Sudáfrica en representación de más de 100 países para la liberación de las patentes de las vacunas contra esta enfermedad .

El desarrollo de la vacuna contra COVID-19 ha roto todos los récords de velocidad reduciendo el proceso habitual de 5 a 10 años a menos de 12 meses. Esto ha sido posible, primero, porque la información del virus indispensable para el diseño de la vacuna se hizo pública pocas semanas después de la detección de los primeros casos confirmados.

Con esta información se adaptaron de manera inmediata plataformas experimentales previamente diseñadas para el desarrollo de otras vacunas como VIH o ébola. Estos esfuerzos fueron alimentados con más 20 mil millones de dólares, de fuentes públicas y privadas, de manera emergente. Los gobiernos de más de una docena de países colaboraron en la realización de ensayos clínicos acelerados en los que participaron cientos de miles de voluntarios. Las agencias regulatorias, a su vez, redujeron el tiempo de sus procesos de verificación y aprobación de muchos meses a unas pocas semanas. La industria farmaceútica se sumó redirigiendo una parte importante de su capacidad de producción de biotecnológicos a la fabricación de las nuevas vacunas. Inclusive las empresas de transporte global han participado adaptando su infraestructura y logística para que la distribución de los embarques ocurra bajo condiciones que garanticen su integridad.

Políticamente, el gesto de Estados Unidos no pasó desapercibido. Mientras que el Secretarío General de las Naciones Unidas se sumó con beneplácito, los líderes de otras naciones como Francia y Alemania expresaron sus reservas. Para entender esta contraposición de posturas ayudaría conocer algunos datos.

Desde la perspectiva de Estados Unidos, su gobierno podría pedirle a Moderna que pusiera a disposición la patente ya que aportó más del 95% del capital necesario para su desarrollo. En el otro extremo, desarrollos como los de SinoVac y Sanofi se financiaron exclusivamente con recursos privados. En el centro tenemos los de Astra Zeneca, Novavax, Curevac o Pfizer, que recibieron inversión mixta, con lo que se observa que la participación de los gobiernos en el financiamiento para el desarrollo de las vacunas y por lo tanto en los derechos que obtienen sobre los productos ha sido profundamente desigual.

También hay que considerar que el precio de venta de las vacunas contra COVID-19 está muy cerca del costo de producción por lo que la liberación de las patentes traería un beneficio marginal en ese sentido. A esto hay que añadirle la limitada capacidad de producción mundial de vacunas la cual, a pesar de estar al tope, ha fabricado a la fecha solamente 413 millones de dosis contra COVID-19, suficiente para apenas el 5% de la población mundial.

La pandemia de COVID-19 ha dado todas las señales de convertirse en una sindemia, como la influenza, para lo cual podría ser necesario aplicar dosis de refuerzo anuales o bienales quizá a toda la población del mundo. Diseñar, construir, certificar y proveer una planta de producción de vacunas es un reto mayúsculo. Es necesario contemplar, además, que la capacidad mundial de producción de vacunas se concentra en once países ostentando China un indiscutible primer lugar. En un escenario de largo plazo, uno esperaría que los países responsables estuvieran dando a este tema la misma prioridad que le dan a la compra de vacunas.

Quizá la liberación de las patentes no sea la solución a la crisis, sin embargo es positivo que Estados Unidos haya vuelto al escenario de los organismos multinacionales con liderazgo y sobre todo, con voluntad de colaboración.


Información adicional de éste y otros temas de interés visiten http://reivindicandoapluton.blogspot.mx o https://www.facebook.com/BValderramaB/

La partida contra COVID-19 sufrió un giro inesperado esta semana. En una reunión de la Organización Mundial del Trabajo, el gobierno de Estados Unidos expresó su apoyo a la solicitud realizada por India y Sudáfrica en representación de más de 100 países para la liberación de las patentes de las vacunas contra esta enfermedad .

El desarrollo de la vacuna contra COVID-19 ha roto todos los récords de velocidad reduciendo el proceso habitual de 5 a 10 años a menos de 12 meses. Esto ha sido posible, primero, porque la información del virus indispensable para el diseño de la vacuna se hizo pública pocas semanas después de la detección de los primeros casos confirmados.

Con esta información se adaptaron de manera inmediata plataformas experimentales previamente diseñadas para el desarrollo de otras vacunas como VIH o ébola. Estos esfuerzos fueron alimentados con más 20 mil millones de dólares, de fuentes públicas y privadas, de manera emergente. Los gobiernos de más de una docena de países colaboraron en la realización de ensayos clínicos acelerados en los que participaron cientos de miles de voluntarios. Las agencias regulatorias, a su vez, redujeron el tiempo de sus procesos de verificación y aprobación de muchos meses a unas pocas semanas. La industria farmaceútica se sumó redirigiendo una parte importante de su capacidad de producción de biotecnológicos a la fabricación de las nuevas vacunas. Inclusive las empresas de transporte global han participado adaptando su infraestructura y logística para que la distribución de los embarques ocurra bajo condiciones que garanticen su integridad.

Políticamente, el gesto de Estados Unidos no pasó desapercibido. Mientras que el Secretarío General de las Naciones Unidas se sumó con beneplácito, los líderes de otras naciones como Francia y Alemania expresaron sus reservas. Para entender esta contraposición de posturas ayudaría conocer algunos datos.

Desde la perspectiva de Estados Unidos, su gobierno podría pedirle a Moderna que pusiera a disposición la patente ya que aportó más del 95% del capital necesario para su desarrollo. En el otro extremo, desarrollos como los de SinoVac y Sanofi se financiaron exclusivamente con recursos privados. En el centro tenemos los de Astra Zeneca, Novavax, Curevac o Pfizer, que recibieron inversión mixta, con lo que se observa que la participación de los gobiernos en el financiamiento para el desarrollo de las vacunas y por lo tanto en los derechos que obtienen sobre los productos ha sido profundamente desigual.

También hay que considerar que el precio de venta de las vacunas contra COVID-19 está muy cerca del costo de producción por lo que la liberación de las patentes traería un beneficio marginal en ese sentido. A esto hay que añadirle la limitada capacidad de producción mundial de vacunas la cual, a pesar de estar al tope, ha fabricado a la fecha solamente 413 millones de dosis contra COVID-19, suficiente para apenas el 5% de la población mundial.

La pandemia de COVID-19 ha dado todas las señales de convertirse en una sindemia, como la influenza, para lo cual podría ser necesario aplicar dosis de refuerzo anuales o bienales quizá a toda la población del mundo. Diseñar, construir, certificar y proveer una planta de producción de vacunas es un reto mayúsculo. Es necesario contemplar, además, que la capacidad mundial de producción de vacunas se concentra en once países ostentando China un indiscutible primer lugar. En un escenario de largo plazo, uno esperaría que los países responsables estuvieran dando a este tema la misma prioridad que le dan a la compra de vacunas.

Quizá la liberación de las patentes no sea la solución a la crisis, sin embargo es positivo que Estados Unidos haya vuelto al escenario de los organismos multinacionales con liderazgo y sobre todo, con voluntad de colaboración.


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