La única probable ventaja de acumular trimestres con caídas en la economía local, es que hay espacios para hacer análisis sobre la descomposición local, y cómo ésta ha influido en la catástrofe económica que cuando parece haber tocado fondo, muestra que hay profundidades aún ignotas para los residentes de Morelos.
Porque si bien es cierto que hay factores regionales y nacionales que han impactado en cada una de las caídas de la actividad económica en el estado, también es cierto que el declive constante de nuestro producto interno bruto desde hace por lo menos 20 años, ha sido sólo detenido por períodos anuales (2003, 2004, 2005, 2008, 2010 y 2017), que sirvieron para paliar los efectos de las grandes caídas de los otros 14 años. La tendencia a la baja de la economía morelense podría ubicarse desde el 2000. Después del bache terrible que provocó en el país la crisis del 1995 (en su punto más bajo en Morelos la economía registró entonces una caída de 13.6%); el estado vio cuatro años de crecimiento sostenido que alcanzó entre 5.5 y 10.1%.
El crecimiento se moderó en 2000, y difícilmente alcanzó la meta de 5% anual que los especialistas trazan como ideal para el estado. Al cierre del 2000, el crecimiento fue de apenas 0.7%. Desde entonces, pese a crestas considerables en algunos trimestres (la mayor de 14.2% en el segundo período del 2010, año que cerró con una caída de 0.3%), lo que se ha visto en el estado es el descenso en la actividad económica que se vuelve evidente en la cantidad de grandes empresas que han cerrado sus puertas definitivamente, o que decidieron mudarse a otras entidades. Muchas de estas empresas son hoy inmuebles vacíos, algunos abandonados, a los que les fue negado el futuro. Centros nocturnos, cines, bodegas , restaurantes, naves industriales, y otros locales que hace mucho no abren sus puertas, son la evidencia mucho más notoria de la crisis por la que atraviesa Morelos.
Cierto que la pandemia ha agravado el problema económico, pero poco ayuda el ubicar a la crisis sanitaria como única fuente de una crisis que debe entenderse como sistémica y que requiere entonces de un tratamiento de Estado. La urgencia de reformas jurídicas y de políticas públicas que fomenten la inversión, el empleo y el consumo en el estado es innegable y sólo ha sido nublada por el papel, también determinante, que la inseguridad ha tenido en inhibir la actividad productiva. Pretender que la inseguridad es la única causa de la debacle económica del estado es una omisión tan grave como ignorar el impacto negativo del crimen en las inversiones y el empleo.
El papel que los gobiernos federal, estatal y municipales han tenido en la catástrofe económica local también requiere análisis, la corrupción, la discriminación a los empresarios locales, la permisividad para la economía informal, la acumulación de pasivos con la proveeduría local, los desatinos en las políticas de desarrollo y fomento a la inversión, han inhibido la marcha de la industria y los servicios en el estado.
Veinte años después, convendría revisar en conjunto la política económica, la actividad empresarial y las estrategias de seguridad. El desarrollo del estado requiere el concurso de todos.
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