Terminó un año, y el balance no es positivo para el sector, ha sido pésimo en el ámbito local, por la reducción de ingresos en los organismos operadores derivados de la pandemia por el SARS-COV-2 causante del COVID-19. Si ya desde antes presentaban un margen de operación negativo, hoy día la situación es insostenible, las deudas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los ahogan, la presión por no dejar de prestar el servicio y por no cortar el servicio por falta de pago no ha ido acompañada de un programa de apoyo para sustituir esos ingresos. La CFE no ha dejado de cortar el servicio por falta de pago, la eficiencia de los organismos operadores de los sistemas de agua y saneamiento en México no ha aumentado, la población recibe cada vez mas espaciada el agua y de calidad no conocida.
A nivel estatal, la reducción de los subsidios federales ha traído un menor apoyo a los municipios a través del PROAGUA, el programa que permitía apoyar en la construcción de sistemas de agua, drenaje y saneamiento. En la gran mayoría de los casos esa reducción no ha ido acompañada de una sustitución, es decir, no ha habido un incremento de los presupuestos estatales para tal fin.
A nivel federal, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha sufrido el mayor deterioro institucional de su historia, no tiene recursos ni para realizar eficazmente su función principal: la administración de las aguas nacionales. Reducciones de personal, reducciones de salarios, reducciones de gasto corriente que le impiden hacer sus tareas, sin una política operativa que reoriente los escasos recursos a la atención de los problemas prioritarios. Los mismos programas con menos recursos dan como resultado menores avances.
El Programa Nacional Hídrico 2020-2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación a un día de terminar el año, y representa una nueva, aunque muy muy débil esperanza. La historia es larga pero los resultados cortos.
La administración del recurso hídrico en México tiene un fuerte impulso en la primera mitad del siglo XX, cuando la Comisión Nacional de Irrigación (CNI) se trasforma en la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) en 1946. En esta época se dedican entre el 10 y 14% del presupuesto federal para la construcción de infraestructura hidráulica. Muchas de las mas importantes obras de todo el país se construyen en esa época.
En 1971, la administración del aguas nacionales se ata a las actividades agropecuarias en un nuevo arreglo institucional que deriva en la constitución de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH).
En 1976 se realizó un ambicioso esfuerzo de planeación con el establecimiento de la Comisión del Plan Nacional Hidráulico, que 10 años después dio origen al Instituto Mexicano de Tecnología de Agua (IMTA), el cual fue constituido como un organismo público autónomo ligado a la SARH y enfocado en la generación de conocimiento, tecnologías y servicios tecnológicos altamente especializados para el manejo del agua.
A principios de los 80´s, las reformas al artículo 115 constitucional asignaron las responsabilidades de la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de sus aguas residuales a los municipios. Lo que hasta hoy ha dado como resultado servicios públicos deficientes, sin continuidad, sin calidad potable, que han obligado, según datos del INEGI, a que el 76% de la población en México compre agua embotellada. Un enorme daño a la economía familiar.
Esta historia continúa… nos vemos en mi siguiente columna.
