La semana pasada inicié esta serie de artículos que se refieren a la publicación del Programa Nacional Hídrico 2020-2024 (PNH) a un par de días de terminar el año.
En el PNH se hace un recuento de los “logros” en la gestión del agua a través del tiempo y se plantean las prioridades y estrategias para la gestión del agua en esta administración. En esta columna termino con el recuento histórico, en la próxima hablaré de la “nueva” politica.
La era moderna de la gestión del agua en México inicia en 1989, cuando se crea la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraulicos (SARH).
El nuevo esquema de gestión del agua se consolida con la entrada en vigor la Ley de Aguas Nacionales el 1o de diciembre de 1992, esta ley es la reglamentaria del artículo 27 constitucional, y asigna a la CONAGUA la responsabilidad en la administración de las aguas nacionales, a través de diversos instrumentos como la expedición de los títulos de concesión y asignación y los permisos de descarga; la creación de un Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), y el cobro de derechos por uso o aprovechamiento de aguas nacionales y descargas de aguas residuales entre otros aspectos.
En el 2004 se realizaron reformas a la Ley de Aguas Nacionales que buscaron dar una mayor fuerza a la administración de las aguas por cuenca hidrológica, con la creación de los Organismos de Cuenca para cada Región Hidrológico Administrativa, pero también se abren nuevos espacios para la participación social en la gestión del agua a través de los Consejos de Cuenca y sus organizaciones auxiliares así como del Consejo Consultivo del Agua. Estas reformas buscaban pues un esquema de “gobernabilidad democrática del agua” que a la fecha no podemos decir que hayan logrado.
Vale la pena resaltar que en esas reformas se incorpora por primera vez el "uso ambiental" o "para conservación ecológica" como "el caudal o volumen mínimo necesario en cuerpos receptores, incluyendo corrientes de diversa índole y embalses, o el caudal mínimo de descarga natural de un acuífero, que debe conservarse para proteger las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico del sistema", incluso se generó una norma para la determinación del caudal ecológico en cuencas hidrográficas. Esto colocó al país a la vanguardia en cuanto a políticas publicas en el mundo.
Más recientemente, México junto con sus aliados multilaterales, tuvo un papel protagónico y decisivo para integrar el tema del agua en la agenda global sobre cambio climático; por su participación en la COP16 y en la elaboración de los "Acuerdos de Cancún". Nuestro país fue el principal promotor para realizar investigaciones sobre adaptación al cambio climático en la gestión del agua e incluso llega a Presidir un Panel Intergubernamental sobre Agua y Cambio Climatico.
La inclusión en el 2012 del párrafo 6o del artículo 4o Constitucional constituye el último de los avances en el diseño de la política hídrica, con ello se ha caminado hacia el reconocimiento, al menos en el discurso, de los derechos humanos al agua y al saneamiento, a la gobernabilidad democrática, y aunque en menor medida, a las consideraciones de género y grupos vulnerables.
Todo esto ha permitido importantes avances en materia de infraestructura, como ejemplo basta reconocer que las coberturas de agua potable, alcantarillado y saneamiento se han incrementado significativamente desde 1990 a la fecha. Sin embargo, los indicadores de sustentabilidad van en sentido inverso, más acuíferos sobrexplotados, más cuencas con alta presión sobre el agua, más contaminación de los cuerpos de agua, menos disponibilidad para futuros aprovechamientos, todo eso constituyen los retos que debe buscar resolver la política pública. Pero de eso hablaremos la siguiente semana.
