De las primeras tareas que debiera atender el gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco, a partir del 1 de octubre que asuma su encargo, es el problema de lo poco competitivos que resultan los salarios en el estado contra casi el total de la república.
En comparación con el promedio nacional, los morelenses ganan entre 3.20 y 9 pesos menos por hora de acuerdo con su grado de formación. Esto significa una disparidad de 25.60 a 72 pesos diarios, diferencias que no parecen tener mucho qué ver con el esfuerzo o talento, y sí más con convenciones arbitrarias del mercado laboral local que, dicho sea de paso, comprometen el consumo y por consiguiente, el crecimiento económico de la entidad; especialmente si se considera que en materia de precios al consumidor, el mercado morelense está por encima de la media nacional casi en todas las regiones del estado.
Los efectos de los bajos salarios en Morelos son diversos, desde la fuga de mano de obra de todo tipo a otras entidades, hasta el bajo consumo de bienes de consumo duradero, que afectan dramáticamente la capacidad de crecimiento económico de las entidades. Entre otros dramas provocados por esa disparidad entre salarios y precios están la falta de acceso a créditos de calidad que permite la usura que representa un asunto grave de seguridad pública en todo el estado; la dramática disminución del dinamismo en el mercado inmobiliario; la inseguridad; la migración; y alta movilidad en el mercado laboral.
Cierto que el problema de los salarios no puede ser atendido de forma directa por el gobierno en turno, pero también lo es que los gobiernos, a través de iniciativas fiscales adecuadas, legislaciones adecuadas, y ampliación de programas sociales pueden colaborar a que los salarios en la entidad recuperen la competitividad que permitiría a los empresarios fortalecer sus ventas y con ello recuperar el dinamismo de una economía golpeada más por este fenómeno estructural que por los innegables problemas de inseguridad que acaparan la atención de las autoridades y los ciudadanos.
La comparación elaborada por el INEE con dados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, revela que, en promedio, los profesionistas en Morelos ganan apenas 12 mil 672 pesos por mes; mientras que quienes no tienen preparación obtienen apenas 5 mil 208 pesos en 30 días; las cantidades, si se traducen a sobrellevar el gasto familiar resultan de sumamente apretadas a francamente ridículas; lo que también explicaría la abundancia de ocupaciones informales, algunas incluso ilegales, y el ansia de muchos para conseguir chambas en el gobierno que, aunque baje de salarios, parece que seguirá por encima del promedio estatal de ingreso.
La política de reducir los ingresos de funcionarios públicos y representantes populares es buena si se considera como medida de ahorro para que los gobiernos nos resulten menos caros, pero sin acompañarse del fortalecimiento de los salarios de los ciudadanos, se traducirá en una mayor presión en contra del desarrollo económico local. En cambio, la medida resultará muy tolerable en el mercado si se acompaña del fortalecimiento del salario –y con ello del gasto- de cientos de miles de morelenses que no trabajan en el gobierno. La universalización de los programas sociales, los estímulos fiscales a empresarios que paguen mejor, y la redacción de leyes que amplíen el poder adquisitivo del salario, dinamizará el consumo, condición urgente para garantizar el crecimiento económico.
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