El derecho de los mexicanos a beneficiarse del conocimiento científico y del desarrollo tecnológico quedó inscrito el pasado 15 de mayo dentro del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y eso es un parteaguas para nuestro país. O debiera serlo.
Es importante entender que para que los mexicanos podamos beneficiarnos no solamente de la inversión nacional en ciencia, tecnología e innovación sino para que, de manera general, podamos aprovechar el conocimiento científico para elevar nuestra calidad de vida no basta con haber modificado la Constitución sino que ahora es necesario redactar las leyes secundarias y otras normatividades que son las que definirán cómo el Estado mexicano cumplirá con esta obligación.
En el caso que nos ocupa, la Ley secundaria resulta ser la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Esta Ley es un documento que se redactará por primera vez en nuestro país. Lo deseable es que sea un texto que oriente la inversión pública y que incentive la privada, que defina el Sistema Nacional de CTI y que le dé gobernanza, que determine con precisión los mecanismos mediante los cuales los gobiernos de los tres niveles deberán cumplir con su obligación de financiar la investigación científica y tecnológica, que indique los mecanismos de cómo se llevará el conocimiento científico a la sociedad. En una palabra, que garantice la inversión y que está inversión sea del mayor beneficio posible.
Redactar un proyecto de Ley es complejo, altamente especializado y debe venir precedido y acompañado de consultas públicas. En las últimas semanas la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados en colaboración con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico realizó una serie de foros, presenciales o virtuales, donde se recogió el sentir de la sociedad sobre este documento. Los resultados de los foros fueron entregados en tiempo y forma a las comisiones y esperamos que sean tomados en cuenta.
Aunque pronto todavía para saber cómo será este documento sí podemos decir desde ahora cómo no queremos que sea. No queremos que defina los principios y reglas sobre los cuales debemos desempeñar nuestras actividades de investigación. No queremos que se desmantele el sistema de gobernanza donde todos, a través de diferentes representantes, tenemos voz y voto para la toma de decisiones. No queremos que desaparezca la diversidad de fondos gracias a los cuales los científicos mexicanos tenemos opciones de financiamiento para dar lugar a un único fondo cuyas decisiones se escapen a la evaluación entre pares.
No queremos que desaparezca la inversión en los estados o que la condicionen. No queremos que los apoyos para la formación de talentos se entreguen directamente a los niños porque el éxito no depende del dinero sino del involucramiento de las academias para acompañarlos en su aprendizaje. No queremos que desaparezcan los incentivos para la vinculación academia-empresa pues son la única forma cómo el conocimiento científico podrá transformarse en innovación y generar empleos.
No queremos que se restrinjan las formas cómo se promueven y divulgan los avances científicos. No queremos perder el acceso al conocimiento de frontera por decisiones administrativas que supriman la subscripción a revistas científicas o limiten los viajes al extranjero. No queremos que se centralicen las decisiones sobre CTI en funcionarios, en ninguno, de ningún nivel de gobierno. No queremos que las las prioridades nacionales en investigación se decidan sin un diagnóstico serio y bien documentado realizado por especialistas.
En una palabra, queremos que los vientos de cambio impulsen el desarrollo de nuestro país, que no se conviertan en un huracán que destruya lo que hemos construido pero que tampoco nos dejen varados en una calma chicha de la cual será muy caro y difícil recuperarse.
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