/ sábado 17 de agosto de 2019

Vigilar la calidad de agua

La baja calidad del agua potable y la falta de saneamiento y de un tratamiento adecuado de las aguas residuales afectan negativamente la salud de las personas.

Esta realidad ha sido ignorada, las autoridades de las distintas instancias de gobierno no le han puesto la atención debida y el resolver el tema no es una prioridad de gobierno, ni lo ha sido en las últimas décadas.

Es urgente un fortalecimiento de los marcos de regulación y de supervisión, a fin de abordar sin demora esas cuestiones y ofrecer respuestas apropiadas a la población.

Es necesario reconocer el impacto que producen las actividades humanas en la calidad del agua y el daño potencial y real que causan a la población local, que tal vez no tenga otra fuente de abastecimiento y por lo tanto no tenga más remedio que utilizar esas fuentes de agua contaminadas.

Se requiere una acción pronta para abordar esa situación.

Las instituciones públicas y las empresas privadas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos al agua y al saneamiento y por lo tanto, deben de tomar medidas para evitar cualquier afectación a esos derechos.

Leo Heller, el Relator Especial de la ONU, documentó en su informe que en algunas comunidades remotas (que dependen mucho de fuentes locales de aguas superficiales), algunos residentes señalaron que ellos mismos y sus hijos habían experimentado problemas de salud, como diarreas, vómitos y jaquecas, y les preocupaba que la calidad del agua pudiera ser la causa. “Al carecer de un suministro adecuado de agua corriente y purificada, recurren a una laguna donde los animales utilizan la misma fuente y defecan cerca del agua”. Incluso en entornos urbanos mayores, como Real del Bosque, en Tuxtla Gutiérrez, se comunicó al Relator Especial que la planta de tratamiento de aguas residuales no funcionaba y que un gran volumen de aguas residuales fluía desde más de 8.000 hogares hacia arroyos locales cercanos a las casas. Los residentes se quejaban de que padecían incidentes cada vez más frecuentes de enfermedades, dermatosis e infecciones oculares, que atribuían a la exposición a las aguas residuales, mientras que sus quejas no recibían ninguna respuesta positiva del proveedor de servicios ni del municipio.

Se requieren diversas medidas cuando se aplica la perspectiva de los derechos humanos a la cuestión de la calidad del agua: Por un lado, es necesario reforzar el control de la calidad del agua suministrada por los proveedores y por el otro, es necesario reforzar la vigilancia de las descargas y los niveles de contaminación en los cuerpos de agua (manantiales, ríos, barrancas, canales, etc.).

En este sentido, ya mencionamos la semana pasada que es necesario que la COFEPRIS y la CONAGUA, a través de sus representaciones locales y las Comisiones Estatales de Agua, en sus respectivos ámbitos de competencia, deben mejorar el monitoreo de la calidad del agua, tanto en las fuentes como en los hogares, posterior a su distribución. No solo en lo que respecta al cloro residual, sino también en todos los parámetros establecidos en la Norma SSA-127.

Además, las autoridades y los proveedores de agua deben garantizar el derecho a la información y proporcionar información sistemática a los usuarios sobre la calidad del agua que consumen. Esto no ocurre en la actualidad, es muy complicado poder tener información de esta naturaleza. Aquí vale la pena reconocer el esfuerzo de la Fundación Gonzalo Rio Arronte, I. A. P. quien está tratando de implementar un proyecto que permita conocer y difundir datos de la calidad del agua que se está distribuyendo a la población. La idea no es exhibir, la idea es generar una reacción para avanzar en la solución de ese problema.

En otros países el agua del grifo (o el agua de la llave, como le decimos en México) es potable. La gente puede tomar agua de la llave con confianza. Aquí tenemos mucho que hacer todavía.

La baja calidad del agua potable y la falta de saneamiento y de un tratamiento adecuado de las aguas residuales afectan negativamente la salud de las personas.

Esta realidad ha sido ignorada, las autoridades de las distintas instancias de gobierno no le han puesto la atención debida y el resolver el tema no es una prioridad de gobierno, ni lo ha sido en las últimas décadas.

Es urgente un fortalecimiento de los marcos de regulación y de supervisión, a fin de abordar sin demora esas cuestiones y ofrecer respuestas apropiadas a la población.

Es necesario reconocer el impacto que producen las actividades humanas en la calidad del agua y el daño potencial y real que causan a la población local, que tal vez no tenga otra fuente de abastecimiento y por lo tanto no tenga más remedio que utilizar esas fuentes de agua contaminadas.

Se requiere una acción pronta para abordar esa situación.

Las instituciones públicas y las empresas privadas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos al agua y al saneamiento y por lo tanto, deben de tomar medidas para evitar cualquier afectación a esos derechos.

Leo Heller, el Relator Especial de la ONU, documentó en su informe que en algunas comunidades remotas (que dependen mucho de fuentes locales de aguas superficiales), algunos residentes señalaron que ellos mismos y sus hijos habían experimentado problemas de salud, como diarreas, vómitos y jaquecas, y les preocupaba que la calidad del agua pudiera ser la causa. “Al carecer de un suministro adecuado de agua corriente y purificada, recurren a una laguna donde los animales utilizan la misma fuente y defecan cerca del agua”. Incluso en entornos urbanos mayores, como Real del Bosque, en Tuxtla Gutiérrez, se comunicó al Relator Especial que la planta de tratamiento de aguas residuales no funcionaba y que un gran volumen de aguas residuales fluía desde más de 8.000 hogares hacia arroyos locales cercanos a las casas. Los residentes se quejaban de que padecían incidentes cada vez más frecuentes de enfermedades, dermatosis e infecciones oculares, que atribuían a la exposición a las aguas residuales, mientras que sus quejas no recibían ninguna respuesta positiva del proveedor de servicios ni del municipio.

Se requieren diversas medidas cuando se aplica la perspectiva de los derechos humanos a la cuestión de la calidad del agua: Por un lado, es necesario reforzar el control de la calidad del agua suministrada por los proveedores y por el otro, es necesario reforzar la vigilancia de las descargas y los niveles de contaminación en los cuerpos de agua (manantiales, ríos, barrancas, canales, etc.).

En este sentido, ya mencionamos la semana pasada que es necesario que la COFEPRIS y la CONAGUA, a través de sus representaciones locales y las Comisiones Estatales de Agua, en sus respectivos ámbitos de competencia, deben mejorar el monitoreo de la calidad del agua, tanto en las fuentes como en los hogares, posterior a su distribución. No solo en lo que respecta al cloro residual, sino también en todos los parámetros establecidos en la Norma SSA-127.

Además, las autoridades y los proveedores de agua deben garantizar el derecho a la información y proporcionar información sistemática a los usuarios sobre la calidad del agua que consumen. Esto no ocurre en la actualidad, es muy complicado poder tener información de esta naturaleza. Aquí vale la pena reconocer el esfuerzo de la Fundación Gonzalo Rio Arronte, I. A. P. quien está tratando de implementar un proyecto que permita conocer y difundir datos de la calidad del agua que se está distribuyendo a la población. La idea no es exhibir, la idea es generar una reacción para avanzar en la solución de ese problema.

En otros países el agua del grifo (o el agua de la llave, como le decimos en México) es potable. La gente puede tomar agua de la llave con confianza. Aquí tenemos mucho que hacer todavía.

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