Extirpado artificialmente de la agenda política de las campañas en Morelos y casi en todo el país, el problema del cambio climático es vital para la ciudadanía en tanto de frenarlo depende la supervivencia de la civilización como la conocemos. El aumento acelerado en la temperatura del planeta es evidente y la omisión de los gobiernos y las sociedades para ocuparse del asunto resulta absolutamente criminal.
El problema es de orden científico por lo que los acercamientos ideológicos ayudan realmente poco. Las principales causas del cambio climático, aumento de los gases de efecto invernadero, quema de combustibles fósiles, deforestación de selvas y bosques, uso excesivo de fertilizantes, la generación excesiva de residuos, están plenamente identificadas y hay un consenso entre la comunidad científica en torno a la necesidad de enfrentarlas de forma inmediata.
Pero como pasa con todos los problemas científicos (y lo hemos visto en primer plano con el manejo de la pandemia por Covid-19), la forma de tratamiento por parte de los diseñadores de políticas públicas suele tener componentes mucho más ideológicos que científicos. La apuesta, por ejemplo, de la actual administración federal en México por el uso de energías derivadas de combustibles fósiles (y la escasa confianza que se tiene para permitir al sector privado generar energías limpias), la generación de programas ineficientes de reforestación, los recortes presupuestales a programas que buscaban la conservación de recursos naturales, la simulación de políticas públicas, deriva mucho más de una colección de prejuicios ideológicos que de cualquier evidencia científica.
En Morelos la cosa no pinta mejor, el descuido de los gobiernos municipales y el estatal ha permitido el deterioro ambiental desde hace décadas, lo que no libera de responsabilidad al gobernador y alcaldes actuales, pero sí suma a una cantidad enorme de políticos a la lista de quienes han permitido la degradación del entorno desde hace cuatro décadas, un proceso que ciertamente se ha acelerado mucho en los últimos diez años.
La desaparición acelerada de áreas verdes, de bosques, el incremento desmesurado de unidades de transporte, la conversión de los usos de suelo, el manejo ineficiente e irracional de los residuos, la renuncia de los ayuntamientos a modernizar sus reglamentos de construcción y operación de edificios industriales, comerciales y residenciales, y su infraestructura para reducir el consumo de energía; la permisividad frente a la invasión de superficies; la percepción de la política ambiental exclusivamente como un medio de recaudación; y la negativa a invertir seriamente en las energías limpias son todas omisiones de los gobiernos estatal y municipal, porque tocan directamente sus esferas de acción.
Es profundamente cómodo regalar frasecitas como “justicia y bienestar funcionan más que las medidas coercitivas”, para evadir la evidente responsabilidad en el combate frontal al cambio climático. No hay disyuntiva alguna, frenar el calentamiento global, es más que compatible con la justicia y el bienestar, es una de sus indispensables condiciones. Si los políticos no lo entienden, los ciudadanos tendríamos que explicarlo.
@martinellito
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