El artículo 116 del Código Federal de Procedimientos Penales establece con claridad que "toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier funcionario o agente de policía".
Cuando se trata de funcionarios gubernamentales de cualquier nivel, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos es aún más estricta por razones obvias.
Sin embargo, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, durante su comparecencia de este viernes ante los diputados del Congreso del Estado vociferó sobre un supuesto pacto entre un ex alcalde y uno de los líderes del grupo de delincuencia organizada conocido como "Guerreros Unidos", para permitir la operación de este cártel en el municipio de Yautepec.
Y mientras -cierto o no- los ciudadanos observábamos cómo median sus fuerzas en las declaraciones y la grilla política, estoy seguro que muchos nos preguntamos: ¿Cómo es posible que un funcionario del nivel de Guarneros le entre al juego de los dimes y diretes? ¿Cómo es posible que esa información se encuentre en sus manos y desde cuándo, sin que haya ocurrido nada? Pero sobre todo ¿y las denuncias apá?
¿Qué no se supone que está obligado por ley a presentar las denuncias correspondientes? Por lo menos previo al inicio de la comparecencia en el Congreso juró decir la verdad, entonces en todo caso, si se trata de información falsa, el vice almirante no debería estar incurriendo también en un delito?
Al menos yo solo encuentro explicación para todas esas interrogantes en una realidad torcida en la que cientos o quizá miles de vidas son arrebatadas sin que la autoridad pueda prevenir o perseguir esos delitos; en la que un titular de la Seguridad Pública no activa los protocolos de actuación que marca la ley y todos observamos como una turba rabiosa lincha y quema vivos a dos presuntos delincuentes sin que nadie haga nada; en la que un encargado de la política interna de un estado se ampara para evitar las sanciones al respecto, y dirían varias voces que he escuchado tanto dentro como fuera de Morelos, en una bizarra realidad en la que los políticos operan para desfalcar los recursos de los ciudadanos y ante el rechazo generalizado, ahora uno de los más grandes ídolos del fútbol mexicano de todos los tiempos, despacha -dicen- de medio tiempo en el Palacio de Gobierno.
