Con la bandera de “primero los pobres” y un discurso que incorporó el anhelo popular que desde hace muchos años adolece a una nación entera, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en Presidente. Y con aquel anhelo popular me refiero a esa aspiración colectiva que ha pretendido derrocar o al menos debilitar el cáncer de nuestro país, la corrupción.
Asumir que la corrupción es un fenómeno aislado en los grandes proyectos y obras de infraestructura en nuestro país, es caer en un error y sucumbir en la lucha por erradicarla. De acuerdo a un informe por Viridiana Ríos, analista política, y publicado por OXFAM México, la corrupción en nuestro país se concentra principalmente en los programas destinados a combatir las brechas de desigualdad, pues, “53 % del dinero público, cuyo uso no ha podido ser comprobado ante la Auditoría Superior de la Federación se encuentra en gastos de educación, salud o programas sociales”, un porcentaje equivalente a 263 mil millones de pesos destinados a gasto enfocado en desarrollo social, que se suman a los 132 mil millones de pesos en programas que pretendían la mejora de la distribución del ingreso y la reducción de la desigualdad; y, a los 4 mil millones de pesos perdidos en los municipios más pobres en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Puebla. Un total de 493 mil millones de pesos perdidos desde el año 2000 a 2018, que representan la impunidad y el panorama desalentador de quienes menos tienen.
Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, a través de un compendio de diecisiete ensayos que capturan “las opiniones y percepciones de la ciudadanía en México sobre corrupción, impunidad y el Estado de Derecho”, ofrece por medio de seis ejes, treinta recomendaciones de políticas públicas, que representan la rearticulación y construcción de un nuevo panorama, y una ruta de gobernabilidad que no se vea envuelta en actos que quebrantan la confianza de los gobernados, y que consecuentemente rompe con los principios de la democracia y todo lo que ella implica.
Plantean acciones anticorrupción que conllevan la aplicación de leyes; la edificación de confianza ciudadana; la coordinación interinstitucional; la promoción de sistemas de denuncia; la recuperación de activos y reparación del daño; el intercambio de información, datos abiertos y registros públicos; la transparencia tanto en programas gubernamentales como en declaraciones patrimoniales; la implementación del enfoque de género en las medidas anticorrupción, pues son las mujeres a quienes la corrupción afecta de manera diferenciada; la eficiencia y mejora en servicios y trámites gubernamentales; la imparcialidad en la aplicación del marco normativo; la suficiencia presupuestal en las instancias anticorrupción; así como otras y muchas acciones más, que permitirán cursos de acción efectivos ante la prevalencia de un problema sistémico que requiere esfuerzos extraordinarios y significativos.
Tomar en cuenta estas recomendaciones es imprescindible para dar frente a un problema público e histórico, sin embargo, queda también asumir los desafíos desde la conciencia y el accionar individual. Nos queda claro que se necesitan acciones y medidas que respalden el discurso de los que hoy están en el poder. Vencer la corrupción requiere de acciones multidimensionales, y mientras el gobierno no las lleve a cabo, los daños colosales serán para aquellos que, a través del espacio y tiempo, han resistido múltiples desigualdades.
