En todo el país, la única causal legal para el aborto, es cuando el embarazo fue producto de una violación, sin embargo, existen otras causales que lo permiten dependiendo de cada legislación local, pero es solo en la Ciudad de México que se garantiza la Interrupción Legal del Embarazo por elección de la mujer, en las primeras doce semanas de gestación. Por ese motivo, mujeres han tenido que desplazarse a la Ciudad de México para ejercer el derecho que en sus estados se les ha negado, aun poniendo en riesgo su salud frente a la posibilidad de contraer Covid-19 en su traslado a la capital, pues, en lo que va del 2020, el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la Ciudad de México, ha registrado hasta el 30 de junio, 6, 272 mujeres atendidas en servicios de ILE, de las cuales, 46% tienen entre 18 y 24 años; 42.10% cursan preparatoria; y más del 50% son mujeres solteras.
A través de una investigación sobre justicia reproductiva realizada en 2018 por Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización en pro de los derechos reproductivos en México, se ha evidenciado las fallas estructurales, los obstáculos normativos y las desigualdades sistémicas que impiden a las mujeres tomar decisiones libres e informadas sobre su vida reproductiva.
La investigación evidenció un panorama bastante vulnerable y preocupante, pues, “en México, 73.6 de cada 1000 mujeres tuvieron un hijo entre los 15 y 19 años. La tasa más alta de fecundidad adolescente entre los miembros de la OCDE (OCDE, INMUJERES, 2017); 10.09% de las mujeres que tuvieron un embarazo adolescente fueron víctimas de violencia sexual (ENDIREH, 2016); en 2017, 390 mil niñas y adolescentes se convirtieron en madres, lo que equivale a uno de cada 6 nacimientos, en promedio 2 nacimientos de madres de 10 y 11 años, por día (INEGI, 2018); 54% de las mujeres indígenas en edad reproductiva fueron madres durante su adolescencia (ENADID, 2014); 16 entidades federativas reportaron no contar con intérpretes para brindar consejería e información anticonceptiva en lenguas indígenas; a nivel federal, ninguna institución de salud reportó contar con personal capacitado para brindar consejería sobre métodos anticonceptivos a personas con discapacidad; 33.4% de mujeres sufrieron violencia obstétrica, 13.1% de ellas reportaron anticoncepción o esterilización forzada (ENDIREH, 2016); y, de 2012 a 2016 se reportaron 4,283 muertes maternas en nuestro país (Observatorio de Mortalidad Materna, 2012-2015)”.
La criminalización del aborto, parte del estereotipo arraigado y aceptado de que la maternidad es un asunto obligado para las mujeres. Las mujeres no nacimos para gestar. Nuestro cuerpo y vida no se debaten. La despenalización del aborto muy pronto será un hecho, pues la justicia reproductiva ha sido la deuda histórica del Estado mexicano con nosotras.
En México y en el mundo, la maternidad es una elección, será deseada, o no será.
Si necesitas información o acompañamiento legal, existen diversas organizaciones y redes de apoyo para mujeres que han tomado la decisión de abortar: Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (ANDAR), Fondo María y Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (DDESER).
