¿Sabías que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en todo el mundo?
Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género? Específicamente a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género.
El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres, los niños o cualquier otro grupo vulnerable, también puede ser blanco de ella.
Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que este tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y las niñas, tanto a corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad.
La magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y familias como de la sociedad en su conjunto, es inmensa. Por ejemplo, las condiciones que ha creado la pandemia –confinamientos, restricciones a la movilidad, mayor aislamiento, estrés e incertidumbre económica– han provocado un incremento alarmante de la violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado y han expuesto todavía más a las mujeres y las niñas a otras formas de violencia, desde el matrimonio infantil hasta el acoso sexual en línea.
La violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra las mujeres y niñas abarca, con carácter no limitativo, la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado.
En Morelos se creó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a partir de la necesidad de contar con un instrumento jurídico con perspectiva de género, con una mayor obligatoriedad para los tres órdenes de gobierno que están obligados a articular las políticas públicas necesarias.
A partir de este ordenamiento, se reconoce en Morelos que toda mujer que se encuentre en el territorio morelense, tiene derecho a vivir sin violencia, en un ambiente de seguridad y a que las autoridades cumplan con su obligación de velar por sus derechos fundamentales.
La realidad sin embargo no es así, porque la violencia de género es una conducta arraigada en la sociedad que solo se erradicará cuando tomemos una plena consciencia del daño que provoca en las mujeres.
La Organización Mundial de Salud alertó en el año 2012 que “la violencia contra las mujeres y niñas constituye un problema de proporciones pandémicas”.
En informes rendidos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), desde hace varios años, se presenta la violencia de género como un problema que afecta a niñas y niños. En los últimos años del siglo XX en América Latina, solo uno de cada tres casos de abuso sexual era denunciado, y el 80% de dichas denuncias correspondían a niñas o adolescentes. El 30% y 50% de las víctimas de violación o intento de violación tenían menos de 15 años y alrededor del 20% tenían menos de 10 años, según estudios realizados en Chile, Perú, Malasia y Estados Unidos. En estos porcentajes se incluyen tanto niñas como niños, aunque las primeras son las principales víctimas.
La Organización Para la Salud (OPS), declaró que a finales de la década de 1990 la violencia de género causó más muertes e incapacidad entre las mujeres de 15 a 44 años que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico e incluso que la guerra.
A través de un comunicado la OMS indicó que la atención médica cumple un papel fundamental tanto en el tratamiento de las secuelas de la violencia de género como en la prevención de esta. Entre las recomendaciones del documento figuran el fortalecer los sectores de la salud, la seguridad y la educación a través de políticas de prevención y respuesta ofrecida por los profesionales de esos medios, además de capacitarlos en la materia.
Las repercusiones nocivas de este tipo de violencia van desde el ámbito personal y familiar hasta el social, con consecuencias de deterioro de la salud, las relaciones interpersonales y delitos múltiples (información tomada del artículo “Las consecuencias de la violencia de género para la salud y formación de los adolescentes” de los especialistas cubanos Yaíma Águila Gutiérrez, Vicente Enrique Hernández Reyes y Vicente Higinio Hernández Castro).
La violencia de género puede producirse en cualquiera de los ámbitos de la vida cotidiana y aunque suele ser más frecuente en las relaciones familiares y de pareja, también puede manifestarse en otros espacios sociales como el laboral y educativo.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluye en su artículo 4º el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, el medio ambiente debe entenderse como “un conjunto complejo de condiciones físicas, geográficas, biológicas, sociales, culturales y políticas que rodea a un individuo u organismo y que en definitiva determinan su forma y la naturaleza de su supervivencia”, es innegable que la violencia contra las mujeres es un gran obstáculo para que las mujeres ejerzan su derecho a un medio ambiente adecuado.
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