El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ángel Adame Jiménez, destacó ante la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de suspender la reactivación económica autorizada por el ayuntamiento de Cuernavaca que "nosotros hemos señalado reiteradamente que no le apostamos a que haya algún tipo de circunstancia que genere un conflicto social, pero también hay que entender la realidad y lo que está viviendo la gente día a día".
Recordó que desde el principio de la pandemia señalaron a la autoridad gubernamental que debían atender oportunamente la contingencia sanitaria y económica porque existía el temor de que pudiera convertirse en una pandemia social.
Reiteró: "No le apostamos a los conflictos sociales, somos propositivos, esperemos que en ese sentido también los tres niveles de Gobierno puedan entender esta circunstancia y también los poderes del Estado para que puedan garantizar el Estado de Derecho por un lado y atender las necesidades sociales de la gente, para que esto no nos rebase".
Esta circunstancia también los ha llevado a dimensionar la contradicción que existe entre la salud, lo económico y el derecho al trabajo. Por su parte, Antonio Sánchez Purón, presidente de la Cámara de Comercio de Cuernavaca (Canaco), señaló que la situación que se vive en Cuernavaca y Cuautla es consecuencia de la falta de acuerdos entre las autoridades de los tres niveles de Gobierno y la gran confusión que muchas veces provocan.
"Por un lado nos marcan un semáforo en rojo y por el otro el propio presidente nos dice que esto está disminuyendo, entonces la verdad es que genera información encontrada y es muy penoso que una situación de salud, donde realmente tendríamos que entender que es por salud, se esté dirimiendo en instancias judiciales".
Es urgente, destacó, hacer a un lado diferencias políticas y personales para llegar realmente a acuerdos en bien de la sociedad, y que se dé una coordinación y los esfuerzos vayan en un mismo sentido.
Sánchez Purón se pronunció porque se lleve a cabo una reunión entre los representantes de los tres niveles de Gobierno, para alcanzar acuerdos que den certeza, seguridad y bienestar a la población, entre ellos al sector económico, así como que se establezca una estrategia acorde a la dimensión de la problemática.
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