/ jueves 28 de marzo de 2019

Busca TSJ ampliación a su presupuesto

Urgen al Congreso 105 millones de pesos para liquidar las 116 jubilaciones pendientes

En cumplimiento al acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Poder Judicial de Morelos envió una propuesta de ampliación presupuestal del orden de los 105 millones de pesos a los integrantes de la LIV Legislatura morelense y con eso pagar los 116 decretos jubilatorios pendientes, informó el magistrado Manuel Díaz Carvajal.

Recordó que el pasado 25 de febrero, el Pleno de la Corte aprobó un acuerdo tendiente a dar cumplimiento a 116 controversias constitucionales relacionadas con decretos jubilatorios de trabajadores y ex trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y en este acuerdo se concede un plazo de 10 días al TSJ para hacer una cuantificación de los recursos necesarios y cumplir con estas sentencias.

Destacó que previamente ya se habían entregado algunas partidas presupuestales, por aproximadamente 21 millones de pesos y la cuantificación que hizo el TSJ al acatar la decisión del máximo tribunal es de 105 millones de pesos.

Juan Díaz Carvajal confió que con esta evaluación y propuesta se presentó la ampliación al Congreso del Estado el pasado 15 de marzo, pero cabe recordar que desde el pasado 4 de marzo, la SCJN conminó a los tres poderes de Morelos a dar cumplimiento a los fallos que ese tribunal ha emitido en respecto al pago de pensiones a servidores públicos adscritos al TSJ de esa entidad.

El acuerdo general publicado en el Diario Oficial de la Federación señala que el Poder Judicial de Morelos debe informar en un plazo de 10 días a los poderes Ejecutivo y Legislativo, sobre el monto total de las pensiones referidas en las sentencias.

Una vez recibido el informe, el Poder Legislativo tiene 10 días hábiles a partir de la notificación, para que autorice la partida presupuestal correspondiente al presupuesto de egresos, a fin de realizar el pago de los adeudos respectivos; en este caso el Ejecutivo tenía 10 días hábiles “para llevar a cabo las gestiones hacendarias conducentes” y dar cumplimiento a las sentencias.

El Poder Legislativo tiene 10 días hábiles a partir de la notificación, para que autorice la partida presupuestal correspondiente.

En cumplimiento al acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Poder Judicial de Morelos envió una propuesta de ampliación presupuestal del orden de los 105 millones de pesos a los integrantes de la LIV Legislatura morelense y con eso pagar los 116 decretos jubilatorios pendientes, informó el magistrado Manuel Díaz Carvajal.

Recordó que el pasado 25 de febrero, el Pleno de la Corte aprobó un acuerdo tendiente a dar cumplimiento a 116 controversias constitucionales relacionadas con decretos jubilatorios de trabajadores y ex trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y en este acuerdo se concede un plazo de 10 días al TSJ para hacer una cuantificación de los recursos necesarios y cumplir con estas sentencias.

Destacó que previamente ya se habían entregado algunas partidas presupuestales, por aproximadamente 21 millones de pesos y la cuantificación que hizo el TSJ al acatar la decisión del máximo tribunal es de 105 millones de pesos.

Juan Díaz Carvajal confió que con esta evaluación y propuesta se presentó la ampliación al Congreso del Estado el pasado 15 de marzo, pero cabe recordar que desde el pasado 4 de marzo, la SCJN conminó a los tres poderes de Morelos a dar cumplimiento a los fallos que ese tribunal ha emitido en respecto al pago de pensiones a servidores públicos adscritos al TSJ de esa entidad.

El acuerdo general publicado en el Diario Oficial de la Federación señala que el Poder Judicial de Morelos debe informar en un plazo de 10 días a los poderes Ejecutivo y Legislativo, sobre el monto total de las pensiones referidas en las sentencias.

Una vez recibido el informe, el Poder Legislativo tiene 10 días hábiles a partir de la notificación, para que autorice la partida presupuestal correspondiente al presupuesto de egresos, a fin de realizar el pago de los adeudos respectivos; en este caso el Ejecutivo tenía 10 días hábiles “para llevar a cabo las gestiones hacendarias conducentes” y dar cumplimiento a las sentencias.

El Poder Legislativo tiene 10 días hábiles a partir de la notificación, para que autorice la partida presupuestal correspondiente.

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