Tanto el presidente municipal de Cuautla como el Cabildo en general, podrías ir a la cárcel por el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones, luego de que aprobaran descuentos anticipados en lo correspondiente al Impuesto Predial 2022.
Fue el pasado 29 de septiembre cuando se celebró la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo en dónde se aprobó por unanimidad otorgar un 50 por ciento de descuento en el pago anticipado del Impuesto Predial 2022, a todos los adultos mayores con una o más propiedades a su nombre, en lo que resta de este año. De la misma manera, autorizaron otorgar, para el resto de los contribuyentes, un 25 por ciento de descuento en el mes de octubre; 20 por ciento en el mes de noviembre y 15 por ciento durante diciembre.
Sin embargo, está campaña se aprobó de manera ilegal, ya que se considera como Ejercicio Abusivo de Funciones, lo cual está sustentado en el artículo 276 del Código Penal del Estado de Morelos en su Fracción III.
El alcalde electo de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, señaló que derivado de ello interpondrá las denuncias penales correspondientes en contra del alcalde e integrantes del Cabildo.
“El asunto es grave, porque no se pueden hacer descuentos que estén haciendo el detrimento a la Hacienda Pública Municipal, mucho menos cuando es en un año fiscal que no te corresponde. El impuesto predial se usa para obra pública y servicios públicos y el que un cabildo lo esté regalando nos pega a los ciudadanos de Cuautla, este es un delito que obviamente vamos a tener que observar, es un hecho que es un delito penal muy grave y haremos la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable”, aseveró el edil electo.
El delito de Ejercicio Abusivo de Funciones establece sanciones para aquellos entes que "otorguen indebidamente deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, en general sobre los ingresos fiscales y sobre precios y tarifas de los bienes".
Arredondo López dijo que ya ha hablado con algunos regidores a quienes le ha dicho que paren está situación porque si les va a generar un delito, “no sé quién los aconsejó o porqué lo hicieron, cuando a quienes afectan son a los ciudadanos, ya que los impuestos se cobran para hacer servicios públicos y obras”.