/ jueves 18 de febrero de 2021

Convenio de Asurco con CFE podría perder validez

Estatutos de Asurco establecen que el presidente de la asociación no debe ostentar cargos de elección popular

El convenio firmado por Rogelio Plascencia Barreto, presidente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco) General Eufemio Zapata Salazar A.C. con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), autorizando el uso de agua de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cuautla (PTAR) para la termoeléctrica de Huexca podría perder su validez, según explica el abogado Juan Carlos Flores Solís, asesor legal de ejidatarios que han promovido amparos para evitar el uso del líquido para la central de ciclo combinado.

De acuerdo con el artículo 20 de los estatutos de 2017 de Asurco, los integrantes del consejo directivo o del consejo de vigilancia “deben estar al corriente en el pago de sus cuotas y no ostentar ni postularse en cargos de elección popular o en alguna otra actividad que le impida el cumplimiento cabal de sus obligaciones con la asociación, no tener cargo de algún partido político u otro cargo que le impida el cumplimiento imparcial de sus obligaciones con la asociación”.

A principios de 2019, Rogelio Plascencia se convirtió en regidor en el municipio de Ayala por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), asumiendo la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Igualdad y equidad de género y Asuntos de la juventud, un cargo que públicamente ha ostentado al menos hasta 2020, cuando seguía acudiendo a los actos públicos que encabezaba el presidente municipal Isaac Pimentel Mejía, especialmente los relacionados con el sector agropecuario. De acuerdo con Flores Solís, el regidor debió renunciar a este puesto al quedar al frente de Asurco, desde septiembre de 2019.



“En las comunidades están generando una serie de firmas, de consensos para promover la destitución de Rogelio Plascencia y el desconocimiento de los convenios que haya firmado Asurco. La nulidad de la elección sería desde el inicio, porque no se llevó a cabo conforme marcan los estatutos, y por lo tanto cualquier convenio que haya firmado sería nulo”, explica el abogado.

Uno de los convenios firmados por Plascencia es el documento en el que la asociación habría cedido ante el uso de agua de la PTAR a favor de la termoeléctrica de Huexca, estableciendo obras de beneficio para los usuarios con un monto que se eleva a 118 millones de pesos, que habría sido firmado el pasado mes de octubre, pero que el presidente de Asurco se ha negado a mostrar públicamente. Dicho acuerdo también habría incluido el desistimiento de los amparos promovidos por los ejidos contra el Proyecto Integral Morelos (PIM).

Esta semana los integrantes del plantón instalado en las oficinas de Asurco establecieron una nueva fecha para que Plascencia Barreto muestre públicamente no sólo este convenio, sino también su acta de elección como presidente de la asociación y una constancia del Ayuntamiento de Ayala que reporte el periodo en que ha sido regidor.

“Cuando legalmente a una autoridad se le nulifica su cargo, los acuerdos que ella emitió son nulos también”, explica Flores Solís.

Actualmente, agrega, existen 20 amparos vigentes contra las obras del PIM, así como 10 suspensiones de plano y una definitiva.

El convenio firmado por Rogelio Plascencia Barreto, presidente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco) General Eufemio Zapata Salazar A.C. con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), autorizando el uso de agua de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cuautla (PTAR) para la termoeléctrica de Huexca podría perder su validez, según explica el abogado Juan Carlos Flores Solís, asesor legal de ejidatarios que han promovido amparos para evitar el uso del líquido para la central de ciclo combinado.

De acuerdo con el artículo 20 de los estatutos de 2017 de Asurco, los integrantes del consejo directivo o del consejo de vigilancia “deben estar al corriente en el pago de sus cuotas y no ostentar ni postularse en cargos de elección popular o en alguna otra actividad que le impida el cumplimiento cabal de sus obligaciones con la asociación, no tener cargo de algún partido político u otro cargo que le impida el cumplimiento imparcial de sus obligaciones con la asociación”.

A principios de 2019, Rogelio Plascencia se convirtió en regidor en el municipio de Ayala por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), asumiendo la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Igualdad y equidad de género y Asuntos de la juventud, un cargo que públicamente ha ostentado al menos hasta 2020, cuando seguía acudiendo a los actos públicos que encabezaba el presidente municipal Isaac Pimentel Mejía, especialmente los relacionados con el sector agropecuario. De acuerdo con Flores Solís, el regidor debió renunciar a este puesto al quedar al frente de Asurco, desde septiembre de 2019.



“En las comunidades están generando una serie de firmas, de consensos para promover la destitución de Rogelio Plascencia y el desconocimiento de los convenios que haya firmado Asurco. La nulidad de la elección sería desde el inicio, porque no se llevó a cabo conforme marcan los estatutos, y por lo tanto cualquier convenio que haya firmado sería nulo”, explica el abogado.

Uno de los convenios firmados por Plascencia es el documento en el que la asociación habría cedido ante el uso de agua de la PTAR a favor de la termoeléctrica de Huexca, estableciendo obras de beneficio para los usuarios con un monto que se eleva a 118 millones de pesos, que habría sido firmado el pasado mes de octubre, pero que el presidente de Asurco se ha negado a mostrar públicamente. Dicho acuerdo también habría incluido el desistimiento de los amparos promovidos por los ejidos contra el Proyecto Integral Morelos (PIM).

Esta semana los integrantes del plantón instalado en las oficinas de Asurco establecieron una nueva fecha para que Plascencia Barreto muestre públicamente no sólo este convenio, sino también su acta de elección como presidente de la asociación y una constancia del Ayuntamiento de Ayala que reporte el periodo en que ha sido regidor.

“Cuando legalmente a una autoridad se le nulifica su cargo, los acuerdos que ella emitió son nulos también”, explica Flores Solís.

Actualmente, agrega, existen 20 amparos vigentes contra las obras del PIM, así como 10 suspensiones de plano y una definitiva.

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