El estado de derecho en Morelos se ha seguido deteriorando al grado de que el estado ocupa ya el penúltimo lugar nacional de acuerdo la cuarta edición del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 del World Justice Project (WPJ) sólo por arriba de Guerrero.
El índice que construye el WPJ se construye con encuestas entre la población en general, especialistas en cada una de las áreas que lo integran y fuentes oficiales; y se divide en ocho factores, los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, los derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal, en todos ellos, el estado obtiene puntajes por debajo de la media nacional y menores a la mitad del rango ideal.
La corrupción en la entidad, de acuerdo con el índice, es la mayor de todo el país. Las instituciones de seguridad y procuración de justicia son las peor evaluadas con 0.25 de 1 punto posible; en los poderes Ejecutivo y el Legislativo no mejora mucho al ubicarse ambos con 0.28; mientras que en el Judicial la medida es de 0.38. Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción procesa más de un millar de carpetas de investigación contra funcionarios y exfuncionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de por lo menos una decena de ayuntamientos, entre ellos el de Cuernavaca, en contraste, hay pocos funcionarios públicos sujetos a proceso y apenas unos cuantos han sido recluidos por delitos cometidos en el ejercicio de sus encargos, de acuerdo con información de la propia fiscalía.
Y aunque el último lugar en ausencia de corrupción es preocupante, no es la calificación más baja que tuvo el estado. En el factor orden y seguridad, Morelos logró apenas 0.26 del punto considerado como ideal, lo que le ubica en el lugar 30 de 32 estados. Con mil 323 homicidios en el 2021, en el factor ausencia de asesinatos, Morelos logró una calificación de 0.08 apenas. Los 41 mil 301 delitos cometidos en ese año hicieron que el indicador ausencia de crimen tuviera sólo 0.38; y apenas 0.31 en el de “las personas se sienten seguras”. Las cosas no pintan mejor en el rubro para el 2022, ya que al final del primer trimestre del año, la cifra de homicidios alcanzó los 304 y los delitos cometidos llegaron a 10 mil 799; mientras la Comisión Estatal de Seguridad Pública, reitera carecer de recursos humanos y materiales suficientes para combatir la inseguridad y los diputados de oposición mantienen los llamados a cambiar la estrategia de combate a la delincuencia y prevención del delito.
En materia de justicia penal, Morelos logró una calificación promedio de 0.29, para ubicarse en el penúltimo lugar de los estados en el rubro. La investigación penal eficaz recibió el puntaje más bajo en el estado con apenas un 0.18, de hecho, según datos de Impunidad Cero, la probabilidad de que un delito sea castigado en el estado alcanza apenas el 0.33 por ciento, para un índice de impunidad de 99.67 por ciento. En materia de procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz, el índice del WPJ ubica al estado en apenas 0.26; también es muy baja, de apenas 0.28 la calificación en justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción. Las cárceles sobrepobladas, frecuentes escenarios de violencia denunciada por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, ubican el indicador Sistema penitenciario seguro y respetuoso de los derechos humanos en apenas 0.31. El respeto a los derechos de las víctimas, cuyos largos peregrinares para obtener justicia y reparación parcial del daño han sido documentados por la CDHM, logró en el índice del WPJ un 0.35; la misma evaluación que se obtuvo en el debido proceso legal.
En materia de justicia civil, el estado obtuvo una calificación de 0.34, que lo coloca en el ranking de estados en el lugar 23. De acuerdo con el índice, el conocimiento de las personas sobre sus derechos es bajo, igual que la ejecución efectiva de las resoluciones en materia civil, y la justicia civil asequible y sin procesos burocráticos. Tampoco hay buen registro en la justicia civil expedita y de calidad, y apenas mejora un poco el índice, hasta el 0.39 en la imparcialidad, independencia y no corrupta justicia civil. Todos los indicadores de Morelos en el rubro, sin embargo, son menores a la media nacional en cada uno.
En materia de cumplimiento regulatorio, al estado tampoco le va bien, aunque se ubica en el lugar 22 de 32 estados. La ineficacia del cumplimiento regulatorio, la duda sobre los derechos de propiedad, la corrupción en el sistema regulatorio, y las fallas en el debido proceso en los procedimientos administrativos también se ubican por debajo de la media nacional.
Otro punto en que el estado registra un deterioro es en el de los límites al poder gubernamental. Las elecciones apegadas a la ley registraron apenas un 0.38 de un punto marcado como ideal, probablemente por la cantidad de quejas en torno a los comicios de ayuntamientos y diputaciones locales que tuvieron que resolverse en tribunales. A pesar de estar dominado por la oposición desde septiembre de 2021, el Legislativo como contrapeso eficaz logró apenas una evaluación de 0.40, peor de la que obtuvo el Judicial como contrapeso eficaz con 0.42. Los organismos de control no son percibidos como contrapeso real al obtener apenas el 0.31, aunque esa evaluación en específico es más alta de la media. Las sanciones por abuso de poder alcanzaron una evaluación de 0.39. La más alta de las evaluaciones en el rubro de los límites al poder gubernamental lo obtuvieron los no gubernamentales que alcanzaron un 0.51.
En materia de derechos fundamentales al estado tampoco le va bien, se ubica en el lugar 26 de 32 estados con una calificación promedio de 0.44. Pese a un 0.71 en libertad religiosa y un 0.51 en libertad de expresión ambas por debajo de la media nacional, los derechos laborales, la ausencia de discriminación, y el derecho a la privacidad siguen siendo un problema importante para el índice en Morelos.
La mejor evaluación para el estado fue en gobierno abierto, donde logró un promedio de apenas 0.46, para ubicarse en el lugar 24 de las 32 entidades. En derecho a la información pública, el estado tuvo 0.54 muy por debajo de la media nacional, y en participación ciudadana apenas 0.37, también por debajo de la media.
En la edición anterior del WPJ, el estado logró una evaluación global de 0.37 que se redujo en el estudio actual a 0.35, con lo que cayó del lugar 30 al 31 en el respeto al estado de derecho.
Los electores somos corresponsables: Desarrollando Morelos
Para Roy Moreno, asociado director de Desarrollando Morelos (Asociación Civil) que la entidad se encuentre en el penúltimo lugar nacional del respeto al Estado de Derecho está vinculada necesariamente a los ‘perfiles’ de quienes están en los cargos públicos, “porque tristemente hemos entendido la democracia como un concurso de popularidad”.
“En lugar de escoger para los puestos importantes a personas mejor capacitadas, elegimos a los que mejor nos caen bien”, abundó.
Moreno dijo que “hoy por hoy” no es noticia nueva para nadie en Morelos, “que hay una ausencia de liderazgo claro de alguien, que tan solo tenga un proyecto viable para sacar del bache al Estado”.
Consideró que primero, debía posicionarse el proyecto para la Ciudad o el Estado antes que al candidato.
Lamentó que en este momento y desde hace muchos años, no haya un Plan de Gobierno en materia de seguridad y para abatir los altos índices de impunidad que prevalecen en Morelos.
Ante este escenario, Roy Moreno considera que desde la sociedad civil la “tarea” de los ciudadanos debía ser la de analizar con mucha seriedad a quiénes vamos a elegir para ocupar el cargo de presidente municipal o diputado local.
“Estoy cierto de que si como sociedad civil no nos involucramos de una manera seria, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Lamentablemente la sociedad civil está muy desorganizada, pero por eso justo, considero que debemos recuperar nuestro papel como contrapeso del poder”, reflexionó antes de concluir la entrevista.
Con información del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 del World Justice Project
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