Conforme avanzan los días en la LV Legislatura que asumió funciones el 1 de septiembre, se empiezan a conocer más detalles de lo que podrían constituir una larga lista de irregularidades cometidas por los diputados de la anterior legislatura, principalmente en el pago de servicios y a proveedores; incluso, hasta ha surgido la duda entre diputados respecto a la certeza en la propiedad del inmueble legislativo.
Al respecto, la presidenta del Comité de Régimen Administrativo del Congreso, Erika Hernández Gordillo, confirmó que se han empezado a analizar una serie de contratos que se suscribieron en la anterior legislatura para el mantenimiento y ampliaciones de oficinas.
En principio, la revisión deriva porque no se tiene la certeza de si se realizaron los servicios que fueron contratados. Por ejemplo, se detectaron contratos por ampliaciones de oficinas que van de los 33 mil pesos y obras que superarían el costo de un millón 600 mil pesos.
“Estamos revisando si hay incumplimiento en los contratos, por eso hemos pedido a las áreas que nos ayuden a rastrear el origen de los contratos”, abundó la legisladora local.
Un tema que también está generando la preocupación de los diputados de la recién llegada LV Legislatura, es no tener la certeza jurídica de si el Poder Legislativo es ya propietario o no del inmueble del Congreso, que fue estrenado en febrero de 2018, y en específico, cuál fue la inversión destinada en la construcción del inmueble.
Por lo pronto, la diputada reveló que el Comité de Régimen Administrativo carece de las actas de los contratos que suscribieron los diputados de la LIV Legislatura, lo que impide por ahora tener más detalles respecto a los servicios que fueron contratados, y que en su caso se habrían pagado o que quizá quedaron pendientes.
Precisó que la intención de los diputados es conocer exactamente si quedó pendiente de pago algún servicio a proveedores, para reportarlo oportunamente a la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso para su cumplimiento.
Ayer, los diputados que forman parte del Comité de Régimen Administrativo sesionaron para conocer el avance en el proceso de entrega-recepción con la LIV Legislatura, ya que tendrán que derivarse observaciones que en su caso deberán responder los ahora exlegisladores locales.
La diputada Erika Hernández, de Redes Sociales Progresistas (RSP), ya había informado en otro momento que se habían detectado pagos realizados en el servicio de elevadores y aire acondicionado, pero sin que hubiera “rastro” de la ejecución de las obras contratadas, lo que evidentemente “prendió los focos” de alerta entre los diputados de la recién llegada legislatura, principalmente, porque a decir del presidente de la Mesa, Francisco Sánchez Zavala, tampoco recibieron el presupuesto que les correspondía para operar hasta la conclusión del año 2021.
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