La iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para despenalizar el aborto en Morelos presentada ante el Congreso por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado (CDHE) está por cumplir un año “en la congeladora legislativa”, lo que significa que la LIV legislatura no tuvo interés en su análisis y muchos en su aprobación pese a que la Cámara estaba conformada por 14 mujeres y seis hombres.
El 28 de septiembre de 2020 el proyecto de reforma fue entregado de manera personal por el ombudsperson, Raúl Israel Hernández Cruz, a la LIV Legislatura que concluyó su periodo constitucional el 31 de agosto pasado.
La iniciativa con carácter de decreto propone reformar el Código Penal para el estado y la Ley de Salud con la finalidad de regular la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, que resulta acorde con la protección del derecho a la salud y la obligación que se impone al Estado para proveer los medios necesarios para que las mujeres que decidan terminar con su embarazo lo puedan hacer bajo las condiciones adecuadas, seguras y dignas.
Actualmente, el artículo 1 de la Constitución Política de Morelos protege la vida desde su concepción misma, precepto que evidentemente es contrario a la interrupción del embarazo en el territorio morelense.
“En el estado de Morelos se reconoce que todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción y asegura a todos sus habitantes el goce de los Derechos Humanos, contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente Constitución y, acorde con su tradición libertaria, declara de interés público la aplicación de los artículos 27 y 123, de la Constitución Fundamental de la República y su legislación derivada”, detalla de manera textual el citado artículo que fue reformado en el 2014.
Para el presidente de la CDHE “el estado morelense ha incumplido ampliamente con su obligación de proteger la vida de mujeres con embarazos no deseados, y es que hasta ahora las medidas legislativas han sido ineficaces para impedir la práctica del aborto y las muertes que de ahí se derivan, sino ante todo, contraproducentes.
Incluso considera que la penalización del aborto le ha impedido a la mujer embarazada acceder a un servicio médico adecuado, digno, seguro, dentro de lo posible económicamente factible y debidamente regulado para evitar abusos y riesgos innecesarios.
“…forzar la continuidad de un embarazo no deseado, es desconocer este derecho imponiendo a quien no quiere vivenciar la experiencia de la maternidad”, expone en la iniciativa Hernández Cruz.
Más grave aún, continúa, es que la criminalización del aborto no ha sido un inhibidor real para evitar su práctica, por el contrario, solo consigue convertirlo en un hecho clandestino y en potencia inseguro, el cual cobra la vida de muchas mujeres no solo en Morelos sino en todo el mundo, siendo en consecuencia un problema de salud pública dada la cantidad de mujeres a las que afecta por la permanencia de este problema en el tiempo y por la implicación que tiene en la salud sexual y reproductiva de miles de mujeres.
“Por lo anterior y bajo el deber que tengo de proteger los derechos humanos de las y los morelenses, es que en ejercicio de mis facultades legislativas propongo reformas legales, como las que se plantean a través de la presente iniciativa con la finalidad de adecuar el marco normativo a la realidad social en busca de eliminar toda barrera y estereotipos sociales que impide a la mujeres disponer libremente de su cuerpo y de vivir conforme a su proyecto de vida”, es la manifestación que expone Israel Hernández Cruz en la iniciativa que hizo llegar hace casi un año a los diputados de la LIV Legislatura, quienes sin embargo nunca se interesaron en su análisis.
Recientemente, en un fallo histórico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad de 10 votos "inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta", y por primera vez se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin que deban enfrentar consecuencias penales. La determinación obliga a los Congresos locales a adecuar sus leyes y evitar que sean contrarias a lo que ha establecido el máximo tribunal del país.
De acuerdo con información del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Salud Pública, en 2019 se registraron 717 casos penales por aborto en México; 633 en el año 2020 y 432 en lo que va de 2021.
El pasado 1 de septiembre se instaló la LV Legislatura, integrada por 10 mujeres y 10 hombres, quienes tendrán ahora la responsabilidad de abordar esta y otras iniciativas que dejaron en calidad de “pendientes” sus antecesores.
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