Que la Fiscalía General de la República (FGR) ejerza su facultad de atracción en los casos de presunta relación de servidores públicos con organizaciones delictivas en Morelos, es la petición que impulsa desde el Congreso local el diputado de Morena, Arturo Pérez Flores.
Dijo que la intervención de la Fiscalía General debe ser urgente y necesaria “por salud pública”.
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Al llamado se sumó el diputado local César Solís, de Movimiento Ciudadano, así como senadores y diputados federales.
“Es urgente que exista el deslinde de responsabilidades, tal como lo marca la ley, porque la filtración de fotografías o indicios solo genera un clima de inestabilidad que no le beneficia a Morelos”, agregó Pérez Flores.
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A decir del legislador, la FGR sí podría atraer el caso para su investigación desde el orden federal conforme a las fracciones I y XIII del artículo 10 de la Ley de la Fiscalía General de la República, y el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De concretarse la facultad de atracción, las autoridades de todos los niveles de gobierno de Morelos deben tener la responsabilidad de cooperar, “pues solo así conoceremos la verdad en la presunta relación de políticos o servidores públicos con organizaciones delictivas”, anticipó el legislador.
“Debemos poner ya un alto en este tipo de historias, que se han repetido desde el sexenio de Jorge Carrillo Olea. Por el bien de Morelos, no podemos seguir en esta dinámica que afecta a todos los morelenses”, sentenció el representante por el XI Distrito.
A raíz de la detención de Rosario “N” o Esther Yadira “N” alias “La Jefa” el pasado 6 de noviembre mediante un operativo de fuerzas federales, surgieron nuevas versiones de nexos de servidores públicos con organizaciones delictivas.
El también presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado de la LV Legislatura presentó (el 21 de octubre pasado) ante el pleno del Congreso del Estado un punto de acuerdo aprobado por unanimidad por el cual se exhortó a la FGR para que acelere las investigaciones de la denuncia presentada por el Comisionado Estatal de Seguridad Pública (CES) Morelos, en contra de actores políticos de Morelos, que fomentan la delincuencia organizada en la entidad.
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Por su parte, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT) consideró que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, así como el exdelegado del gobierno federal en la entidad, Hugo Eric Flores Cervantes y el fiscal, Uriel Carmona Gándara, deben ser investigador por posibles vínculos con el crimen organizado y el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, que fuera uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM).
“El crimen organizado se ha convertido en la Secretaría del Terror del Estado Mexicano que gobierna nuestros estados e impone los megaproyectos por medio de estos crímenes”, esgrimió este miércoles la organización a través de un comunicado.
Además, hizo un llamado a las personas que han exigido el esclarecimiento de la muerte del activista “hacer más extensiva y amplia esta denuncia y seguir exigiendo el castigo a los autores intelectuales y materiales de su asesinato”.
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