Miles de niños en México y en el estado son violentados diariamente por sus familiares. Pese al cambio generacional, persiste la violencia física, psicológica y sexual. Y es que, de acuerdo con Adriana Mújica Murias, de Movimiento Género 33, el problema no ha sido debidamente identificado por las autoridades, pues actualmente no existe una legislación adecuada que responsabilice a las instituciones encargadas de atender dicha situación. Además, en el país aún existe la cultura de "más vale una nalgada a tiempo para corregir".
A través de la psicología se ha demostrado, según la activista, que la violencia no educa; "los gritos no educan, las amenazas no educan en sentido positvo; lo que sí hacen es formarlos en la aceptación de la violencia y el niño acepta que cualquier persona lo violente, porque si quien lo ama y protege lo hace, (piensa que) la violencia está bien".
Desafortunadamente, en Morelos no existen cifras oficiales de cuántos menores son violentados; sin embargo, es una realidad que se vive, afirma Mújica Murias. Asimismo, refiere que la violencia puede ser trasladada a la escuela, donde surge el famoso bullying, "pero no hay estudios de fondo en el estado sobre el maltrato infantil; hay en otros lugares y en ellos se establece que regularmente el niño o niña que hace bullying proviene de un ambiente principalmente familiar donde es violentado y lo que hace es replicar la violencia que vive".
A consecuencia del confinamiento que se vive por la pandemia, así como se han incrementado lo casos de violencia contra las mujeres, también contra los menores de edad al estar conviviendo con su agresor o agresores, y el problema es que la mayoría no tienen la posibilidad de hablar al 911 y cuando lo hacen no les hacen caso y no les creen, porque estiman que se trata de una broma, porque también ahí tenemos la cultura de que la voz de las niñas o los niños no es algo para tomarse en cuenta".
Para la activista hace falta mucho para atender este problema; "por un parte, modificar la cuestión cultural, así como en el caso de la violencia contra las mujeres, visibilizarlo, hacer estudios serios, insistir en que eso no es normal, no es natural, enseñar de que con eso los estamos poniendo en un riesgo de por vida y poner sanciones cada vez más fuertes en las leyes".
Es necesario, dijo, involucrar a todas las instituciones relacionadas con el problema, comenzando por las educativas. Citó como ejemplo que la guía que hay en los planteles educativos denominada "Escuelas Libres de Violencia" es una guía que mucha gente no conoce y que también se queda corta en el sentido de os protocolos, así como las dependencias que tendrían que atender este problema y señaló como ejemplo que se creo el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes -SIPINNA-en el estado, pero sin recursos, sin personal, sin posibilidades de que realmente incida para atender y resolver el problema.
En el caso de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el estado, "es una ley hecha al aventón que nos habla de los derechos de la infancia y ya, no tiene responsabilidades para las diferentes dependencias como las tiene la Ley del Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se establecen las atribuciones y obligaciones de la Fiscalía General, al Sistema Educativo le corresponde esto o aquello, pero la ley de los niños y adolescentes no responsabiliza a nadie de nada, por lo que la calificó de "una carta de buenas intenciones", pero hasta ahí, porque además casi nadie la conoce, y es una ley que no sirve de nada, afirmó, Mujica Murias, porque debería de "cruzarse con el código penal, para establecer las sanciones que se impondrían a quien maltrate a un menor".
Para saber mayor información sobre el maltrato infantil en Morelos se busco a Danaé Denegri titular del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, pero al tratar de contactarla con sus colaboradores, dado que sus oficinas están cerradas, respondieron que "la licenciada avisaría cuando podría atendernos", pero esto no sucedió, mientras que en la Procuraduría de atención a niñas, niños y adolescentes, que estaba a cargo de Sara Olivia Parra Téllez, informó el policía de guardia de las oficinas del DIF estatal que "ella ya no está, y no hay nadie en su oficina, cualquier denuncia se tiene que hacer directamente en la Fiscalía General, porque ahorita no hay nadie que pueda atender".
