/ viernes 14 de febrero de 2020

[Especial] ¿Y dónde está Graco?

Debe pasar por varios procesos; estar fuera de función le da más posibilidades de librar las rejas

Los funcionaros promoventes del juicio político al exgobernador perredista, Graco Ramírez Garrido Abreu lo admiten, la solicitud al congreso sólo fue por cumplir, para no ser omisos, "que no nos vaya a pasar como Rosario Robles, por no denunciar mira donde está". Entonces para fincarle un juicio político a alguien que ya no es autoridad ni desempeña un cargo público simplemente fue por cumplir y no ser omisos. Pero además como ciudadano tiene más posibilidades de librar las acusaciones.

El pasado 05 de febrero -día de la Constitución- con seis votos a favor y tres abstenciones, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado el congreso local anunció que radicaba como procedentes los juicios políticos contra el exgobernador Graco Ramírez y los extitulares de las Secretarías de Hacienda y de la Contraloría, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza, respectivamente.

Por la supuesta omisión de ministración de recursos en el año 2018 a la Fiscalía General del Estado por 120 millones 826 mil y cuatro centavos, así como al IMPEPAC, por 2 millones 566 mil 670 pesos.


Entregan dos cajas

Todo este acto "para no ser omisos" comenzó el pasado 27 de septiembre del 2019, cuando el titular de la Consejería Jurídica, Samuel Sotelo Salgado, acudía a la Coordinación de Oficialía de Partes del Congreso del Estado, para entregar una solicitud de juicio político en contra del ex gobernador, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, y ex funcionarios de la administración del periodo 2012-2018.

En su explicación, decía que en las carpetas presentadas queda documentada la omisión de ministración de recursos hacia dos organismos autónomos estatales, tales como la Fiscalía General del Estado y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), en el ejercicio fiscal 2018, por alrededor de 120 millones de pesos.

Toda vez que el argumento era que los recursos mencionados estaban etiquetados en el presupuesto de egresos y no fueron suministrados, lo cual no permitió el adecuado funcionamiento de esas instituciones.

El consejero Jurídico advertía que la solicitud de juicio político no es exclusiva para la separación de algún cargo gubernamental, sino también alcanza la inhabilitación, determinada por la autoridad competente, si es que procede; además, puede dar lugar a otras sanciones de responsabilidad administrativa e incluso penal.

Asimismo, explicó que la ley establece un periodo de un año, después de la separación del cargo del funcionario para presentar este tipo de requerimiento, señalando que el gobierno actual se encuentra dentro del plazo para cumplir con esta obligación.

Habló desde Tijuana

Enterado sobre lo que se le preparaba en Morelos y con el compromiso de campaña que sería llevado a la cárcel, el 19 de agosto del 2019 el exgobernador, habló brevemente en una entrevista que concedió a varios reporteros, se concretó a decir que "no tengo ningún problema al respecto".

Se le cuestiona -¿existe ese desvío como él -gobernador actual- dice?

No existe nada. No hay evidencia de nada.

¿Cómo tomas esas denuncias?

Pues de donde vienen.

De esa manera con frases entre cortadas, respondía a las 56 denuncias en contra de exfuncionarios de su administración, "ninguna han podido probar, ni han podido vincular a proceso a ningún alto funcionario porque no existen evidencia, y la ASF ha sido muy clara que no hay observaciones de Morelos que ejercimos nosotros".

También por algunos momentos el exmandatario morelense, ha estado activo en sus redes sociales donde comenta algunos tuits de sus excolaboradores como Topiltzin Contreras u hechos que tienen que ver con Morelos como las victorias del Zacatepec, incluso de eventos deportivos como la final de la NFL. Aunque muchas de las veces los usuarios no olvidan su paso en la gubernatura morelense y expresan su sentir de manera fuerte y contundente. Con palabras como ¡ratero!, y alusiones diversas.

En tres meses el veredicto

Si todo el proceso en el congreso y en el TSJ se lleva a cabo conforme a la norma y legalidad en tres meses se puede tener un veredicto sobre el caso Graco Ramírez.

El consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado, mencionó que al presentarse la denuncia y ser ratificada dentro de los tres días siguientes, se dio vista al pleno del congreso y el legislativo lo turno a la junta política.

De esta instancia le dio entrada y llega a la comisión de gran jurado, "ellos son los que sustancian el procedimiento, le van a correr traslado a los que están demandados, tendrán que comparecer y para eso tienen 15 días y en ese tiempo podrán ofrecer pruebas o señalar una fecha la comisión para desahogar las pruebas si resultara procedente. Posteriormente vendrá un periodo de alegatos de todas las partes, para clausurar los trabajos, para esperar el dictamen que debe ser elaborado por la comisión, el cual deberá someter al pleno del congreso quién de manera calificada tendrá que determinar lo conducente".

El siguiente paso es que si se declara procedente el juicio político tendrá que remitirse al TSJ, que se erige como Jurado de sentencia con todos sus integrantes y si hubiera pruebas supervinientes se tendrán que desahogar y posteriormente se turna una comisión para que elabore el dictamen correspondiente y sea sometido a la consideración del pleno de magistrados que resolverán lo conducente.

Sólo cumplimos

Sin embargo la esperanza de llevar a Graco Ramírez a la "cárcel" se diluye. Los expertos confiesan que no está nada seguro. El consejero jurídico Samuel Sotelo, cuando se le pregunta si llevar a la cárcel al ex mandatario es posible, solo comenta "como ejecutivo hicimos lo que nos correspondía para no incurrir en omisión, cuando la Secretaria de Hacienda nos puso en conocimiento de los hechos que sustenta la demanda de juicio político, ya fue admitida por el congreso del estado y esta la comisión correspondiente y se tendrá que emplazar a los demandas y tendrán que responder si así lo quieren y lo quisieran".

En ese mismo tenor, se expresó Gerardo Becerra Chávez de Ita, asesor del gobierno estatal en materia de anticorrupción, cuando se le pregunta es posible ver en la cárcel al ex mandatario como lo prometiera el hoy gobernador; los argumentos y pretextos sobran.

Tú no puedes suspender de su actividad de gobernador que ya no está en funciones de lo que se trata finalmente es notificarle a Graco Ramírez y él en su derecho de audiencia diga lo que tenga que decir en lo que se le está imputando la consejería jurídica, en el momento que le notifican a él (Graco) tiene que ir sobre lo que él quiera ante la comisión de Gobernación que finalmente va a determinar si lo suspende o lo inhabilita momentáneamente y de allí al TSJ.

¿Pero en los datos que tienen, consideran que el ex gobernador si puede ser enjuiciado y que el caso no se puede perder y librarse?

No, es muy claro si no hubiera posibilidad de notificarle se podría hacer de edictos, o de otra circunstancia, sino se presenta se puede dar una posibilidad de que se trajera, pero no como una orden de aprehensión porque es un juicio político, pero que debe presentarse lo debe hacer.

¿Es bueno o malo que ya no esté en funciones, le da mayor posibilidad de no ser enjuiciado?

Sí, creo que la da mayor posibilidad a él de defenderse porque finalmente ya no tiene esta carga de que lo puedan quitar del poder, es distinto como lo que paso con Sergio Estrada Cajigal, que estaba en funciones, creo que ahora hay un poco más de margen política para el ex gobernador para poderse manejar, y seguramente sus abogados lo harán.

Sin embargo, también destacó que como funcionarios públicos si no denuncian o no se promueve lo conducente a través de los órganos, se incurren en violaciones que el día de mañana pueden ser violaciones que se pudieran ser sujetos de proceso, y sino "preguntemos a la señora Rosario Robles que no lo hizo en su momento y ve como lo está pasando".

Aunque el exgobernador morelense no está huido ni escondido, para demostrarlo conserva su red social de tuiter donde se le ha visto regularmente activo, y aun conserva 157 mil 712 seguidores, allí comenta de libros, de hechos históricos y eventos que tienen que ver con Morelos, aunque en su perfil solo se describe como: "político mexicano. Demócrata de izquierda".

Los funcionaros promoventes del juicio político al exgobernador perredista, Graco Ramírez Garrido Abreu lo admiten, la solicitud al congreso sólo fue por cumplir, para no ser omisos, "que no nos vaya a pasar como Rosario Robles, por no denunciar mira donde está". Entonces para fincarle un juicio político a alguien que ya no es autoridad ni desempeña un cargo público simplemente fue por cumplir y no ser omisos. Pero además como ciudadano tiene más posibilidades de librar las acusaciones.

El pasado 05 de febrero -día de la Constitución- con seis votos a favor y tres abstenciones, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado el congreso local anunció que radicaba como procedentes los juicios políticos contra el exgobernador Graco Ramírez y los extitulares de las Secretarías de Hacienda y de la Contraloría, Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza, respectivamente.

Por la supuesta omisión de ministración de recursos en el año 2018 a la Fiscalía General del Estado por 120 millones 826 mil y cuatro centavos, así como al IMPEPAC, por 2 millones 566 mil 670 pesos.


Entregan dos cajas

Todo este acto "para no ser omisos" comenzó el pasado 27 de septiembre del 2019, cuando el titular de la Consejería Jurídica, Samuel Sotelo Salgado, acudía a la Coordinación de Oficialía de Partes del Congreso del Estado, para entregar una solicitud de juicio político en contra del ex gobernador, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, y ex funcionarios de la administración del periodo 2012-2018.

En su explicación, decía que en las carpetas presentadas queda documentada la omisión de ministración de recursos hacia dos organismos autónomos estatales, tales como la Fiscalía General del Estado y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), en el ejercicio fiscal 2018, por alrededor de 120 millones de pesos.

Toda vez que el argumento era que los recursos mencionados estaban etiquetados en el presupuesto de egresos y no fueron suministrados, lo cual no permitió el adecuado funcionamiento de esas instituciones.

El consejero Jurídico advertía que la solicitud de juicio político no es exclusiva para la separación de algún cargo gubernamental, sino también alcanza la inhabilitación, determinada por la autoridad competente, si es que procede; además, puede dar lugar a otras sanciones de responsabilidad administrativa e incluso penal.

Asimismo, explicó que la ley establece un periodo de un año, después de la separación del cargo del funcionario para presentar este tipo de requerimiento, señalando que el gobierno actual se encuentra dentro del plazo para cumplir con esta obligación.

Habló desde Tijuana

Enterado sobre lo que se le preparaba en Morelos y con el compromiso de campaña que sería llevado a la cárcel, el 19 de agosto del 2019 el exgobernador, habló brevemente en una entrevista que concedió a varios reporteros, se concretó a decir que "no tengo ningún problema al respecto".

Se le cuestiona -¿existe ese desvío como él -gobernador actual- dice?

No existe nada. No hay evidencia de nada.

¿Cómo tomas esas denuncias?

Pues de donde vienen.

De esa manera con frases entre cortadas, respondía a las 56 denuncias en contra de exfuncionarios de su administración, "ninguna han podido probar, ni han podido vincular a proceso a ningún alto funcionario porque no existen evidencia, y la ASF ha sido muy clara que no hay observaciones de Morelos que ejercimos nosotros".

También por algunos momentos el exmandatario morelense, ha estado activo en sus redes sociales donde comenta algunos tuits de sus excolaboradores como Topiltzin Contreras u hechos que tienen que ver con Morelos como las victorias del Zacatepec, incluso de eventos deportivos como la final de la NFL. Aunque muchas de las veces los usuarios no olvidan su paso en la gubernatura morelense y expresan su sentir de manera fuerte y contundente. Con palabras como ¡ratero!, y alusiones diversas.

En tres meses el veredicto

Si todo el proceso en el congreso y en el TSJ se lleva a cabo conforme a la norma y legalidad en tres meses se puede tener un veredicto sobre el caso Graco Ramírez.

El consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado, mencionó que al presentarse la denuncia y ser ratificada dentro de los tres días siguientes, se dio vista al pleno del congreso y el legislativo lo turno a la junta política.

De esta instancia le dio entrada y llega a la comisión de gran jurado, "ellos son los que sustancian el procedimiento, le van a correr traslado a los que están demandados, tendrán que comparecer y para eso tienen 15 días y en ese tiempo podrán ofrecer pruebas o señalar una fecha la comisión para desahogar las pruebas si resultara procedente. Posteriormente vendrá un periodo de alegatos de todas las partes, para clausurar los trabajos, para esperar el dictamen que debe ser elaborado por la comisión, el cual deberá someter al pleno del congreso quién de manera calificada tendrá que determinar lo conducente".

El siguiente paso es que si se declara procedente el juicio político tendrá que remitirse al TSJ, que se erige como Jurado de sentencia con todos sus integrantes y si hubiera pruebas supervinientes se tendrán que desahogar y posteriormente se turna una comisión para que elabore el dictamen correspondiente y sea sometido a la consideración del pleno de magistrados que resolverán lo conducente.

Sólo cumplimos

Sin embargo la esperanza de llevar a Graco Ramírez a la "cárcel" se diluye. Los expertos confiesan que no está nada seguro. El consejero jurídico Samuel Sotelo, cuando se le pregunta si llevar a la cárcel al ex mandatario es posible, solo comenta "como ejecutivo hicimos lo que nos correspondía para no incurrir en omisión, cuando la Secretaria de Hacienda nos puso en conocimiento de los hechos que sustenta la demanda de juicio político, ya fue admitida por el congreso del estado y esta la comisión correspondiente y se tendrá que emplazar a los demandas y tendrán que responder si así lo quieren y lo quisieran".

En ese mismo tenor, se expresó Gerardo Becerra Chávez de Ita, asesor del gobierno estatal en materia de anticorrupción, cuando se le pregunta es posible ver en la cárcel al ex mandatario como lo prometiera el hoy gobernador; los argumentos y pretextos sobran.

Tú no puedes suspender de su actividad de gobernador que ya no está en funciones de lo que se trata finalmente es notificarle a Graco Ramírez y él en su derecho de audiencia diga lo que tenga que decir en lo que se le está imputando la consejería jurídica, en el momento que le notifican a él (Graco) tiene que ir sobre lo que él quiera ante la comisión de Gobernación que finalmente va a determinar si lo suspende o lo inhabilita momentáneamente y de allí al TSJ.

¿Pero en los datos que tienen, consideran que el ex gobernador si puede ser enjuiciado y que el caso no se puede perder y librarse?

No, es muy claro si no hubiera posibilidad de notificarle se podría hacer de edictos, o de otra circunstancia, sino se presenta se puede dar una posibilidad de que se trajera, pero no como una orden de aprehensión porque es un juicio político, pero que debe presentarse lo debe hacer.

¿Es bueno o malo que ya no esté en funciones, le da mayor posibilidad de no ser enjuiciado?

Sí, creo que la da mayor posibilidad a él de defenderse porque finalmente ya no tiene esta carga de que lo puedan quitar del poder, es distinto como lo que paso con Sergio Estrada Cajigal, que estaba en funciones, creo que ahora hay un poco más de margen política para el ex gobernador para poderse manejar, y seguramente sus abogados lo harán.

Sin embargo, también destacó que como funcionarios públicos si no denuncian o no se promueve lo conducente a través de los órganos, se incurren en violaciones que el día de mañana pueden ser violaciones que se pudieran ser sujetos de proceso, y sino "preguntemos a la señora Rosario Robles que no lo hizo en su momento y ve como lo está pasando".

Aunque el exgobernador morelense no está huido ni escondido, para demostrarlo conserva su red social de tuiter donde se le ha visto regularmente activo, y aun conserva 157 mil 712 seguidores, allí comenta de libros, de hechos históricos y eventos que tienen que ver con Morelos, aunque en su perfil solo se describe como: "político mexicano. Demócrata de izquierda".

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