La organización Comunicación y Ambiente A.C. inició denuncias en contra de los responsables de Plantas de Valorización de Residuos Sólidos (PVRS), porque han sido convertidas en tiraderos a cielo abierto; el presidente de la agrupación, Carlos Álvarez Flores, mostró fotografías de áreas donde muestra cómo los lixiviados en Mazatepec, Xochitepec, Yecapixtla y Tlaltizapán, no representan ninguna forma novedosa de tratar los residuos sólidos y sólo contaminan el subsuelo.
La Asociación Civil: Comunicación y Ambiente abrió la denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) con vista al Ministerio Público, en contra del gobernador de Morelos, Graco Ramírez; el secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras, y la empresa Ingeniería Especializada y Combustible Alterno S.A. de C.V., a la cual le concesionaron la concentración de los desechos sólidos.
De acuerdo con Álvarez, los cuatro sitios señalados como PVRS, no cuentan con ninguna autorización en materia de impacto ambiental, la cual debió entregar la dependencia a cargo de Topiltzin Contreras. No obstante, señaló que ninguna de las instalaciones cumple con los requerimientos de la norma que regula estos centros de separación y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos que señala la ley, y menos aún los criterios de la Ley de Equilibrio Ecológico.
"Es inaudito que la propia autoridad estatal, en una rara combinación, y no una asociación público-privada, cometa todas estas flagrantes violaciones a la normatividad ambiental vigente, con el supuesto objetivo de reaprovechar la fracción inorgánica no reciclable que tiene un poder calórico, el cual sirve para formular un combustible derivado de residuos que pueden ser quemados en hornos de la cementera Cruz Azul", expuso.
Sin embargo, Álvarez Flores detalló que la empresa concesionaria o socia del Gobierno estatal, pues no es claro en el acuerdo, no es propiamente de la cementera Cruz Azul, sino una subsidiaria de esa firma. Por lo tanto, los representantes Mario Morán Lagunés y Mariano Bernabé tienen la concesión en complicidad con funcionarios estatales como el titular de Desarrollo Sustentable.
Acorde con Álvarez, en un plazo de 10 días, la Profepa debe solicitar la remediación del sitio donde se ubican las tres plantas, porque sus lixiviados han comenzado a contaminar el subsuelo, además con vista al Ministerio Público con el fin de iniciar la averiguación previa en contra de los responsables, por los presuntos delitos ambientales federales de acuerdo con el Código Penal.
