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Fiscalización federal y estatal para la UAEM

  • Mónica González
  • en Local

Gobierno estatal entregará recursos faltantes y universidad se obliga a transparentar su uso.

El Gobierno del Estado debe entregar a la UAEM las participaciones del subsidio estatal y federal que le tiene retenidas, determinó el juez segundo del distrito en el estado de Morelos. Esto, en el entendido de que la violación de este mandato equivaldría a la comisión de un delito. Además, se dejó en claro que dicha institución universitaria deberá emplear el dinero para los fines conferidos, así como transparentarlos de manera permanente.

De acuerdo con la resolución emitida por el juez Carlos Anuar Jaimes Torres, juez segundo de distrito, y bajo el número de expediente 1374/2017, se da cuenta del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Patiño Torrealva, en su carácter de secretario general de la UAEM, contra actos del Gobierno del estado de Morelos, como del secretario de Hacienda Jorge Michel Luna y el Tesorero General Armando Sanders.

La resolución establece que con base en los artículos 128, 135 y 147 de la Ley de Amparo se concede la suspensión provisional a la UAEM, para el efecto de que las autoridades responsables giren las instrucciones necesarias. Y a fin de que cese la retención del subsidio federal relativo al convenio marco de colaboración para el apoyo financiero de 13 de enero de 2016, por la cantidad de 50 millones 902 mil pesos. De igual manera las retenciones de la ministración del subsidio estatal correspondiente a la segunda quincena de julio, primera y segunda quincena de agosto, por la cantidad de 22 millones 410 mil 100 pesos para cada quincena; así como la retención del subsidio federal derivado del convenio de apoyo a problemas estructurales de nueve de junio de 2017 por la cantidad de 16 millones 100 mil 973 pesos, emitidas en contra de la universidad como parte quejosa.

Dicha determinación debe perdurar hasta que se comunique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Lo anterior no implica que se esté dando efectos restitutorios a la medida cautelar sobre las retenciones de subsidios, dado que de negarse la protección constitucional solicitada no se impediría que el acto surta plenos efectos, ya que las autoridades estarían en aptitud de continuar con las retenciones reclamadas. Esto es, si la medida suspensional no trasciende al fondo, entonces, las autoridades señaladas estarían en aptitud de retener los subsidios cuyo objeto es el pago de sueldos y prestaciones, al igual que se ocupan para el gasto de operación de la institución educativa y para el pago de pensiones y prestaciones contingentes.

Asimismo, se hizo del conocimiento de las autoridades responsables que la violación de este mandato equivale a la comisión de un delito, según dispone el precepto legal 262, fracción II, de la Ley de Amparo, que en caso de consumarse, de inmediato, será consignada para el ejercicio de la acción penal en su contra.

Por otra parte, la presente medida cautelar no autoriza a la UAEM a emplear los fondos de los subsidios de marras para fines distintos de los que se encuentran destinados dentro de los programas nacionales o estatales en el que participan.

Por lo que la UAEM deberá facilitar la fiscalización por parte de la Auditoria Superior de la Federación de los recursos federales que recibe, así como rendir cuentas sobre su ejercicio en términos de las disposiciones aplicables. De igual forma, deberá proporcionar las facilidades necesarias para que las instancias competentes de control, supervisión y fiscalización del Ejecutivo estatal ejerzan sus atribuciones en el ámbito de sus competencias, respecto al ejercicio de los recursos transferidos con motivo de los multicitados convenios. Lo que incluye permitir la fiscalización de los recursos por parte de la Auditoría Superior de la Federación, en el caso de los federales; y del Ejecutivo estatal, en el caso de los recursos provenientes del Gobierno del Estado.

También deberá destinar el apoyo financiero que reciba y los productos que genere al cumplimiento del objeto de los convenios de conformidad, con lo establecido en los Anexos de Ejecución correspondientes. Además, tendrá que proporcionar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Gobierno del estado de Morelos, durante los primeros noventa días hábiles subsecuentes al término de cada ejercicio fiscal, la información relativa a la distribución del apoyo financiero recibido. Lo anterior mediante estados financieros dictaminados por auditor externo que cuente con certificación reconocida por la Secretaria de Ia Función Pública (SFP), lo cual incluye el total de sus relaciones analíticas y los informes que las citadas autoridades le requiera.

Asimismo, deberá entregar a la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SEP el recibo institucional que compruebe la recepción de los recursos transferidos, en un plazo máximo de diez días hábiles posteriores a cada ministración recibida. Al igual que proporcionar a esa misma Dirección toda la información que le solicite con motivo del cumplimiento del objeto de este convenio.

La suspensión no surtirá efectos si ya fueron transferidos a la universidad los recursos consistentes a los subsidios federal y estatal , relativos al convenio marco de colaboración para el apoyo financiero de 13 de enero de 2016 por la cantidades antes descritas así como el subsidio federal derivado del convenio de apoyo a problemas estructurales de nueve de junio de 2017. Tampoco surtirá efecto la suspensión si el anterior subsidio no fue retenido por las autoridades señaladas como responsables, o por no haber recibido éstas la transferencia de dicho recurso por parte de la SEP, puesto que la quejosa manifestó su deseo de no señalarla con tal carácter.

Por último, el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados por la parte de la Universidad del Estado sólo comprenderá aquellas retenciones que se hayan realizado hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, únicamente las correspondientes a la segunda quincena de julio, primera y segunda quincena de agosto de 2017.

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