La comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Dora Ivonne Rosales Sotelo, garantizó que la rendición de cuentas y transparencia no se detienen en el Estado, pese a que sólo se cuenta con una comisionada.
A principios de abril se dio a conocer la renuncia de Mireya Arteaga Dirzo como comisionada y presidenta del órgano de transparencia, cargo que quedo acéfalo uniéndose al que dejo Víctor Manuel Díaz Vázquez desde junio del 2019.
Sin embargo, la actual comisionada presidenta del IMIPE, Rosales Sotelo, confirmó que dan puntual seguimiento a los recursos de revisión que de 2017 al 2020 el Instituto recibió cuatro mil 533 recursos, de los cuales 284 están pendientes de resolver derivado de la suspensión de términos por la contingencia sanitaria que se vive.
Rosales Sotelo informó que del total de los recursos de revisión atendidos -en los últimos cuatro años- por el área jurídica del IMIPE, 708 recursos, que representa un 16.7 por ciento, se encuentran en proceso de requerimiento de la información a los Sujetos Obligados, que de acuerdo a la ley, de no ser solventados conforme a los términos establecidos, serán acreedores a las medidas de apremio a corto plazo.
La comisionada presidenta detalló que la rotación de servidores públicos a cargo de las Unidades de Transparencia y el cambio de administraciones son factores recurrentes en el aumento de inconformidades de los usuarios, particularmente a los Sistemas de Agua Potable de Cuernavaca y Jiutepec, así como en el Congreso de Morelos, instituciones con las que han tenido una cercanía puntual, observando además que otra de las problemáticas es que las pasadas administraciones no dejaron información.
Ante ello, han buscado la manera de generar la información o que los mismos Comités de Transparencia realicen una revisión minuciosa dentro de sus archivos; también con los Sindicatos, que hoy son parte de los sujetos obligados, han gestionado mesas de diálogo para educarlos sobre la cultura de transparentar el ejercicio de los recursos.
Recalcó que una vez que se reactiven los términos legales se estará en condiciones de solicitar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) la atracción de recursos y con ello continuar con el seguimiento a los expedientes que se tienen y seguir con la garantía del derecho de acceso de información de la sociedad, sin que esto signifique una erogación de recursos financieros por parte del Instituto.
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