/ jueves 11 de marzo de 2021

Gobierno acusa violaciones a derechos de adolescentes

Considera que la CDHEM y la Fiscalía Anticorrupción incurren en actos de hostigamiento

“En la acción realizada en el centro de ayuda para adolescentes a cargo del DIF estatal existe una intención de hostigamiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMor) y de la Fiscalía Anticorrupción porque sin argumentos, y no obstante que meses atrás se hicieron visitas y revisiones por parte del organismo de derechos humanos para constatar la situación que existe en esos albergues, realizaron acciones ilegales, y abusivos, violentando los derechos de los adolescentes y usándolos como frente de golpeteo político”, señaló el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas.

En una conferencia convocada expresamente para abordar el tema, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda; el procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia (Pronaf) del Sistema DIF Morelos, Rafael Brito Miranda, y el consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado, explicaron las diligencias efectuadas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMor) en contra del centro de ayuda a los menores de edad. En todo caso, señalaron los funcionarios, que en la actuación ni el Sistema DIF y la PRONAF, no se desprende ningún acto ilegal o que haya puesto en peligro a niñas, niños o adolescentes.

Por ello, señalaron, un juez de control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos determinó como ilegales los cateos realizados por parte de la Fiscalía Anticorrupción, encabezado por Juan Salazar Núñez, señalando que violaron los derechos humanos de los adolescentes “al tratarlos como delincuentes, vulnerar su privacidad y cometer abuso de autoridad”.

Destacó que algo está muy claro es que los titulares de la CDHMor y la Fiscalía Anticorrupción han hecho de este gobierno y otros actores sus enemigos políticos, “y el hecho de hacer de las niñas, niños y adolescentes un frente de golpeteo político resulta inadmisible, intolerable y vergonzoso.

Más tarde, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMor) quien, a través de su titular, Raúl Israel Hernández Cruz, cuestionó que el Ejecutivo no aclare el tema de fondo tras los hechos ocurridos el 1 de septiembre en el centro de asistencia de Temixco; asimismo, negó las acusaciones de Ojeda Cárdenas, en el sentido de que utiliza recursos públicos para atender asuntos ajenos a la Comisión y negó que el exgobernador Graco Ramírez esté detrás del tema.

Cuestionó que en la conferencia, el encargado de la política interna no haya dicho nada sobre las publicaciones de 22 y 23 de diciembre en un periódico de circulación nacional.

“Tampoco se dijo nada en esta rueda de prensa en torno a las publicaciones de los días 22 y 23 de diciembre en el periódico Reforma, en donde se exhiben fotografías con las y los adolescentes que tiene bajo su custodia que aparecen maniatados, hincados, descalzo, con el dorso descubierto mirando frente a una pared, de noche y con la fuerza del estado detrás de ellos como si se tratará de los peores delincuentes que ha capturado el Gobierno del Estado” expresó.

Pide se aclare porque el 3 de septiembre del año pasado fueron trasladados los 13 adolescentes a un centro de atención de adicciones que tiene un corte religioso, y que hoy aceptó el Ejecutivo Estatal que el lugar no cuenta con el reconocimiento de las normas oficiales mexicanas.

Y finalmente, a través de un comunicado, la Fiscalía Anticorrupción afirmó que el Ejecutivo estatal intenta “desvirtuar” las acciones realizadas por el organismo ante las denuncias por tortura y desaparición contra los adolescentes a cargo del DIF Morelos. En el documento acusa al personal del DIF de que “en reiteradas ocasiones intentó obstruir las labores de la Fiscalía Anticorrupción e impidió que los menores brindaran un testimonio sobre la situación que viven”.

Derechos humanos exige respuestas

Al respecto, la CDHM a emitió un comunicado en donde exige al Gobierno del Estado responder:

1. Tomando en consideración que el CASA es un albergue que brinda atención médica, psicóloga y jurídica a adolescentes relacionados con carpetas de investigación ¿Qué los motivó a manifestarse el primero de septiembre y porque se privilegió la represión en lugar del diálogo?.

2. ¿Cuántos de los adolescentes entraron a CASA por un problema de adicciones? Y si no entraron por esta razón ¿Cuál es el motivo de haberlos trasladado a un Centro Particular de Adicciones SIANI?

3. ¿Por qué a pesar de las distintas manifestaciones realizadas por la CDHM y CNDH, respecto de que el centro para las adicciones SIANI opera bajo la irregularidad con tinte religioso y estar siendo investigado por actos de tortura, la Procuraduría de Niños,Niñas y adolescentes no ha tomado ninguna medida para proteger a los menores que se encuentran ahí internados?


Con información de Jessica Arellano


Día Internacional de la Mujer


“En la acción realizada en el centro de ayuda para adolescentes a cargo del DIF estatal existe una intención de hostigamiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMor) y de la Fiscalía Anticorrupción porque sin argumentos, y no obstante que meses atrás se hicieron visitas y revisiones por parte del organismo de derechos humanos para constatar la situación que existe en esos albergues, realizaron acciones ilegales, y abusivos, violentando los derechos de los adolescentes y usándolos como frente de golpeteo político”, señaló el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas.

En una conferencia convocada expresamente para abordar el tema, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda; el procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia (Pronaf) del Sistema DIF Morelos, Rafael Brito Miranda, y el consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado, explicaron las diligencias efectuadas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMor) en contra del centro de ayuda a los menores de edad. En todo caso, señalaron los funcionarios, que en la actuación ni el Sistema DIF y la PRONAF, no se desprende ningún acto ilegal o que haya puesto en peligro a niñas, niños o adolescentes.

Por ello, señalaron, un juez de control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos determinó como ilegales los cateos realizados por parte de la Fiscalía Anticorrupción, encabezado por Juan Salazar Núñez, señalando que violaron los derechos humanos de los adolescentes “al tratarlos como delincuentes, vulnerar su privacidad y cometer abuso de autoridad”.

Destacó que algo está muy claro es que los titulares de la CDHMor y la Fiscalía Anticorrupción han hecho de este gobierno y otros actores sus enemigos políticos, “y el hecho de hacer de las niñas, niños y adolescentes un frente de golpeteo político resulta inadmisible, intolerable y vergonzoso.

Más tarde, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHMor) quien, a través de su titular, Raúl Israel Hernández Cruz, cuestionó que el Ejecutivo no aclare el tema de fondo tras los hechos ocurridos el 1 de septiembre en el centro de asistencia de Temixco; asimismo, negó las acusaciones de Ojeda Cárdenas, en el sentido de que utiliza recursos públicos para atender asuntos ajenos a la Comisión y negó que el exgobernador Graco Ramírez esté detrás del tema.

Cuestionó que en la conferencia, el encargado de la política interna no haya dicho nada sobre las publicaciones de 22 y 23 de diciembre en un periódico de circulación nacional.

“Tampoco se dijo nada en esta rueda de prensa en torno a las publicaciones de los días 22 y 23 de diciembre en el periódico Reforma, en donde se exhiben fotografías con las y los adolescentes que tiene bajo su custodia que aparecen maniatados, hincados, descalzo, con el dorso descubierto mirando frente a una pared, de noche y con la fuerza del estado detrás de ellos como si se tratará de los peores delincuentes que ha capturado el Gobierno del Estado” expresó.

Pide se aclare porque el 3 de septiembre del año pasado fueron trasladados los 13 adolescentes a un centro de atención de adicciones que tiene un corte religioso, y que hoy aceptó el Ejecutivo Estatal que el lugar no cuenta con el reconocimiento de las normas oficiales mexicanas.

Y finalmente, a través de un comunicado, la Fiscalía Anticorrupción afirmó que el Ejecutivo estatal intenta “desvirtuar” las acciones realizadas por el organismo ante las denuncias por tortura y desaparición contra los adolescentes a cargo del DIF Morelos. En el documento acusa al personal del DIF de que “en reiteradas ocasiones intentó obstruir las labores de la Fiscalía Anticorrupción e impidió que los menores brindaran un testimonio sobre la situación que viven”.

Derechos humanos exige respuestas

Al respecto, la CDHM a emitió un comunicado en donde exige al Gobierno del Estado responder:

1. Tomando en consideración que el CASA es un albergue que brinda atención médica, psicóloga y jurídica a adolescentes relacionados con carpetas de investigación ¿Qué los motivó a manifestarse el primero de septiembre y porque se privilegió la represión en lugar del diálogo?.

2. ¿Cuántos de los adolescentes entraron a CASA por un problema de adicciones? Y si no entraron por esta razón ¿Cuál es el motivo de haberlos trasladado a un Centro Particular de Adicciones SIANI?

3. ¿Por qué a pesar de las distintas manifestaciones realizadas por la CDHM y CNDH, respecto de que el centro para las adicciones SIANI opera bajo la irregularidad con tinte religioso y estar siendo investigado por actos de tortura, la Procuraduría de Niños,Niñas y adolescentes no ha tomado ninguna medida para proteger a los menores que se encuentran ahí internados?


Con información de Jessica Arellano


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