La solicitud de ampliación presupuestal para el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) no ha avanzado al no existir, a la fecha, una respuesta por parte del Ejecutivo morelense, confirmó la presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del estado, Ariadna Barrera Vázquez.
Señaló que sí bien el órgano electoral local remitió desde hace dos semanas al Poder Legislativo, particularmente a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, copia certificada del acuerdo aprobado por el Consejo Estatal Electoral, mediante el cual se aprueba instar al Congreso la solicitud de ampliación presupuestal, la norma refiere que el Ejecutivo tiene que enviar una iniciativa para el reajuste del presupuesto.
“No han llegado a la Comisión de Hacienda, había un escrito del Impepac, pero el ordenamiento lo que dice es que tenemos que recibir una iniciativa del Ejecutivo, estamos en espera de que nos la envíen”.
Desde el pasado mes de enero el Impepac solicitó una ampliación presupuestal por 243 millones 512 mil 622 pesos para el gasto operativo de este año, debido a que dentro del paquete económico 2021, el Poder Legislativo otorgó 179 millones 352 mil 921 pesos, de los cuales no se establecieron recursos para la organización y el desarrollo de las próximas elecciones.
Sin embargo, ante la nula respuesta por parte del Ejecutivo y el Legislativo, el Consejo Estatal Electoral del Impepac aprobó el pasado mes de febrero iniciar un juicio electoral en contra del gobernador del estado, la Secretaría de Hacienda y el Congreso del estado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por la omisión de ministración de recursos del proceso electoral 2020-2021.
Esta es la segunda ocasión que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana padece la falta de recursos, en 2018 la administración perredista encabezada por Graco Ramírez tampoco entregó el presupuesto suficiente para organizar las elecciones, faltando por otorgar 2 millones 566 mil 670 pesos, lo que provocó la actual Legislatura local iniciara un juicio político contra el exmandatario estatal y los titulares de la Secretaría de Hacienda en su momento.
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