El secretario de gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, advirtió que las mesas de coordinación por la paz trabaja todos los días; puede haber mediciones como el de Impunidad Cero, pero el reconocimiento que el gobierno federal ha otorgado a Morelos como ejemplo coordinación es más importante. Para el fiscal Uriel Carmona la impunidad no surge de esa dependenciam sino del TSJ; en tanto por medio de un comunicadom el Poder Judicial confió que culpar a los jueces simplemente es subjetivo, político y coyuntural.
GOBIERNO ESTATAL: RECONOCIMIENTO NACIONAL
El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla dieron cuenta del trabajo del colectivo de investigadores especializados en la materia, el cual señala la cifra que de cada mil asesinatos cometidos en el estado apenas cuatro son castigados. El documento preparado por Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez establece que 2018 habría sido el año más violento del que haya registro en el país, y que, sumado al alza en el número de asesinatos, es notoria la baja en sentencias condenatorias por el delito.
Al respecto, Ojeda Cárdenas recordó que 2018 no correspondió de maneras total a la administración actual, ya que se tomó el control del estado con tan solo tres meses, lo que significa que la mayor parte correspondió a otras personas.
Destacó que con todos esos números en contra han tenido que trabajar y sacar adelante los temas importantes como la seguridad de la gente, desde el primer momento sostuvo que aunque no se quiera ver así, las mesas de coordinación aborda el tema de manera diaria, permanente y constante; "hemos sido reconocidos por el gobierno federal como un ejemplo en la coordinación, aquí sí somos un estado donde el gobierno estatal y federal se juntan todas las mañanas para trabajar en la seguridad y el resultado es que si hubo un año 2019 violento, con un incremento en el delito del homicidio doloso, y dentro de este está incluido el feminicidio, que también ha tenido un repunte".
Adicionalmente, explicó, en el delito de secuestro también se ha visto un incremento, pero en la mayoría de los delitos existe un decremento, por lo que ahora se tiene que reforzar la prevención del delito en esos rubros donde se han incrementado y reforzar otros ámbitos.
LA FISCALÍA: LLAMADO A MAYOR FIRMEZA DE JUECES
Sobre estas cifras de impunidad alarmante, el fiscal general, Uriel Carmona, dejó en claro que en todos los casos donde el Poder Judicial ha determinado en sentido contrario, la fiscalía es respetuosa de los procedimientos y la jurisdicción del poder judicial, pero "ante los jueces somos parte, no somos autoridad; sin embargo, nosotros vamos a seguir litigando con planteamientos en los juzgados, nosotros presentamos las pruebas que tenemos a nuestro alcance, con las técnicas y métodos científicos que tenemos, y nos tenemos que ajustar a las decisiones de los jueces y ser respetuosos pero tenemos los medio de impugnación a nuestro alcance y si al final los tribunales deciden libertades y condenas absolutorias no tenemos más que acatar".
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No obstante, para el Poder Judicial tampoco son responsables de la impunidad en Morelos y lo que señalan funcionarios estatales y federales sobre las actuaciones en los casos de los expedientes contra imputados se resuelve conforme a derecho.
"Las versiones que señalan que este Tribunal ha dejado en libertad a diversos sujetos de derecho acusados de delitos de alto impacto tiene un carácter subjetivo, político y coyuntural", señaló el TSJ a través de un comunicado; refirió que en 2019 se han consignado 137 personas sobre todo por secuestro. En este mismo periodo, por cuanto hace al número de libertades concedidas ha sido de 16 personas, lo que significa solo un 11.68 por ciento de los consignados, y por otro lado 121son las personas que han quedado sujetos a proceso, esto es, el 88.32 por ciento de los detenidos se encuentran en prisión preventiva sujetos a un proceso judicial, conforme a las normas legales previamente establecidas, dentro de los órganos de administración de justicia en las diversas etapas del procedimiento penal.
En su defensa alegaron que el actuar de los juzgadores del Sistema de Justicia Oral Penal, que ha sido sometido a escrutinio de la autoridad federal, ha representado una efectividad del 95 por ciento, de acuerdo con el primer informe del segundo periodo de la presente gestión".
