El director de Atención a Municipios del gobierno estatal, Marco Antonio Martínez Dorantes, dijo que en más de la mitad de los ayuntamientos puede haber una parálisis política y social por la negativa de los alcaldes actúales a informar o comenzar siquiera, la entrega recepción. La solicitud de los alcaldes entrantes al ejecutivo estatal es que intervenga porque estos presidentes municipales prácticamente se niegan a recibir a sus representantes.

Esta ayuda confió, ha llegado a la secretaría de gobierno, donde el titular, Pablo Héctor Ojeda ha instruido para que sean puente entre los gobiernos entrantes y salientes, y se dejen de lado las resistencias, porque además hay otro riesgo que puede llegar a crecer; que este en riesgo el pago de los aguinaldos.

Lo que estamos haciendo es buscar el contacto con los alcaldes, y con muchos de ellos no hay respuesta, hemos tratado por todas las vías el poder desarrollar un comunicación entre los entrantes y salientes; pero también por medio del Idefom, hemos querido hacer una reunión en la que sean convocados, y generar ese acercamiento necesario, expresó.

El funcionario estatal, dijo que hay resistencias a estos contactos, primero porque las campañas dejaron muchos dolidos.

No fue quizás para algunos el mejor proceso democrático en el estado y eso generó, alguna serie de rencillas que se deben superar y dejar todo en el proceso electoral, y desde otro punto de vista tal vez es que las formas no están siendo las mejores porque no tienen toda la información para poder estar entregando en tiempo y forma al alcalde electo.

Sin embargo tampoco se descarta que pudiera haber indicios sobre el estado de las finanzas y situación administrativa de los ayuntamientos y que esa sea una razón para no informar a tiempo sobre cómo se encuentran los municipios. Lo cierto, anticipó Marco Martínez, es que la situación en la transición municipal será más difícil y complicada de lo que estaba previsto pero con todo ello, el gobierno estatal acompañará a los alcaldes electos y salientes para que los ciudadanos no se vean afectados en los cambios de administración el primero de enero.