/ martes 1 de diciembre de 2020

Interviene la CIDH en conflicto por termoeléctrica

Frente de Pueblos ha interpuesto cinco incidentes de violación a las suspensiones de amparo contra el PIM

Tras la solicitud realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la emisión de medidas cautelares en favor de los 17 ejidos y comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala que han iniciado amparos contra las obras del Proyecto Integral Morelos (PIM), el organismo internacional ha dado prioridad para atender dicha solicitud, según dio a conocer Juan Carlos Flores Solís, representante legal del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT).

Tras la reanudación de trabajos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para conectar el acueducto de la termoeléctrica de Huexca con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cuautla (PTAR) el pasado 23 de noviembre, el FPDTA-MPT realizó la solicitud de medidas cautelares ante la CIDH.

“De antemano la CIDH ya dio un número de expediente al respecto, que ya hemos tenido alguna comunicación con ellos, diciendo que van a priorizar esta solicitud de medidas cautelares, pero evidentemente, aunque no se hayan pronunciado todavía, ya genera una cierta protección que tenga conocimiento de estos estos hechos”, destacó el abogado.

Flores Solís confió en que la respuesta del organismo internacional, fundado en 1959 y cuya sede se encuentra en Washington D.C., en Estados Unidos, sea recibida en los próximos días. Dichas medidas, incluso, podrían derivar en la suspensión del proyecto.

“Si se da una represión fuerte, en este sentido de manera individual o colectiva, es mucho más fácil que proceda a emitir medidas cautelares que pueden generar la suspensión del proyecto por orden internacional”, explicó.

Además de esta acción y de los amparos promovidos en defensa de los ejidos de Ayala, el abogado dijo que se han interpuesto cinco incidentes de violaciones de amparo. A principios de octubre, recordó, la Comisión Nacional del Agua respondió a uno de ellos explicando que no se había otorgado el permiso para la construcción del acueducto, y que éste no sería otorgado hasta que resolviera el conflicto social en torno a dicha obra.

Tras la solicitud realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la emisión de medidas cautelares en favor de los 17 ejidos y comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala que han iniciado amparos contra las obras del Proyecto Integral Morelos (PIM), el organismo internacional ha dado prioridad para atender dicha solicitud, según dio a conocer Juan Carlos Flores Solís, representante legal del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT).

Tras la reanudación de trabajos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para conectar el acueducto de la termoeléctrica de Huexca con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cuautla (PTAR) el pasado 23 de noviembre, el FPDTA-MPT realizó la solicitud de medidas cautelares ante la CIDH.

“De antemano la CIDH ya dio un número de expediente al respecto, que ya hemos tenido alguna comunicación con ellos, diciendo que van a priorizar esta solicitud de medidas cautelares, pero evidentemente, aunque no se hayan pronunciado todavía, ya genera una cierta protección que tenga conocimiento de estos estos hechos”, destacó el abogado.

Flores Solís confió en que la respuesta del organismo internacional, fundado en 1959 y cuya sede se encuentra en Washington D.C., en Estados Unidos, sea recibida en los próximos días. Dichas medidas, incluso, podrían derivar en la suspensión del proyecto.

“Si se da una represión fuerte, en este sentido de manera individual o colectiva, es mucho más fácil que proceda a emitir medidas cautelares que pueden generar la suspensión del proyecto por orden internacional”, explicó.

Además de esta acción y de los amparos promovidos en defensa de los ejidos de Ayala, el abogado dijo que se han interpuesto cinco incidentes de violaciones de amparo. A principios de octubre, recordó, la Comisión Nacional del Agua respondió a uno de ellos explicando que no se había otorgado el permiso para la construcción del acueducto, y que éste no sería otorgado hasta que resolviera el conflicto social en torno a dicha obra.

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