El diputado local, José Casas González advirtió que la solicitud de desafuero contra el fiscal general, Uriel Carmona Gándara a nivel federal, está orquestada por el mismo gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien pretende imponer un fiscal "a modo".
Luego de que se anunciara que la Fiscalía General de la República (FGR) habría pedido a la Cámara de Diputados el desafuero del fiscal general de Morelos al haber encontrado, de acuerdo con medios nacionales, elementos para suponer su responsabilidad en delitos del orden federal, el legislador sin partido denunció que el mandatario estatal del Partido Encuentro Social (PES) impulso de manera personal esta solicitud.
“La separación del cargo de Uriel Carmona fue una petición personal del gobernador, ¿por qué? Hoy me atrevo a decir que por los mismos intereses que tiene el gobernador en la Fiscalía y que a los morelenses se los cargue el payaso. Por un lado, el músculo de Graco Ramírez y hoy el músculo de Cuauhtémoc Blanco”.
Refirió que el jefe del Ejecutivo estatal ha requerido tanto a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero como al mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, puedan respaldarlo para remover al fiscal general -conocido por ser designado por el exgobernador Graco Ramírez-, buscando que quede en su lugar la fiscal de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), Adriana Pineda Fernández. Casas González puntualizó que Pineda Fernández es aliada del Partido Encuentro Social (PES), tanto es así que actualmente la funcionaria es quien encabeza, de acuerdo con el parlamentario, la toma de decisiones al interior de la Fiscalía General del Estado, siendo la primera en recibir y revisar las carpetas de investigación, por eso la necesidad del Ejecutivo estatal de dejarla al frente de la dependencia.
El presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado aclaró que la intención de Blanco Bravo de tener un “fiscal carnal” es blindarse como lo hizo su antecesor con Uriel Carmona Gándara.
Sin embargo, el legislador local puntualizó que será el Congreso local quien tenga la última palabra al establecerse en la Constitución Política del país que la declaración de procedencia deberá ser resuelta por el Poder Legislativo local, la Cámara Baja únicamente señalará si es procedente o no iniciar el juicio de procedencia.
Desde 2018, el entonces grupo parlamentario del Partido del Trabajo intentó, a petición del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, remover del cargo al fiscal general Uriel Carmona Gándara y al fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, al no cumplir con los requisitos de ley -exámenes de control y confianza- para ostentar el cargo; sin embargo, según explicó el legislador José Casas González, la bancada del PES fue de las primeras en bloquear la iniciativa.
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