/ lunes 22 de febrero de 2021

Morelos debe aclarar destino de "recursos faltantes"

La institución con más observaciones por parte de la ASF fue la Secretaría de Hacienda de Morelos, seguida del Seguro Popular y la Comisión Estatal de Agua

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que el Gobierno del Estado de Morelos debe aclarar o reintegrar 2 mil 235 millones de pesos de la cuenta pública 2019. Sin embargo, de 2006 hasta 2019 suman 14 mil 404 millones de pesos que se deben recuperar o aclarar, siendo 2018 el año con más observaciones, por 6 mil 540 millones de pesos, de acuerdo con datos del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas.

Según el tercer informe de resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública de 2019, en Morelos, el estado gobernado por Cuauhtémoc Blanco Bravo, 17 instituciones hicieron uso del recurso, pero no existe rastro del dinero. Aunque en realidad, en el caso de Morelos, acumula un probable desfalco por 951 millones 795 mil 224.15 pesos, detalló Roberto Salinas. Cabe decir que el monto más grande de recursos faltantes está concentrado un pliego de observaciones, en el que se señalaron irregularidades por 859 millones 76 mil 66.59 pesos, provenientes de los recursos de Participaciones Federales a los Estados.

Roberto Salinas, aseveró que La ASF encontró que esa cantidad de dinero se repartió entre 17 instituciones del gobierno estatal, las cuales no reportaron en qué utilizaron esos recursos. Cabe decir que todo deriva de la revisión de la cuenta pública 2019 donde al Gobierno de Morelos, la Auditoría Superior de la Federación generó 81 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria de los que la Secretaría de la Contraloría de Morelos deberá atender y ejecutar. Se realizaron también, 37 pliegos de observaciones, 12 recomendaciones, 6 solicitudes de aclaración y 1 promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

La institución con más observaciones fue la Secretaría de Hacienda de Morelos, seguida del Seguro Popular y la Comisión Estatal de Agua, y hacen en total nueve rubros, aunque por mucho es la secretaria de Hacienda la que mayores señalamientos tiene, por mil 895 millones 09 pesos. Mientras que al llamado anteriormente Seguro Popular, con 206.4 millones de pesos, y así le siguen otras como Comisión Estatal del Agua, Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, IEBEM, DIF estatal, el secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, los servicios de salud, y el Instituto Estatal de Educación para los Adultos. Todas estas entidades con recursos pendientes por recuperar o aclarar por la Auditoria Superior de la Federación correspondiente al 2019.

Cabe decir, sin embargo, estos señalamientos sobre las dudas que prevalecen en el manejo del dinero público donde ha estado Blanco Bravo no son nuevas, tampoco es la única, existen acusaciones desde que estaba al frente del ayuntamiento de Cuernavaca.

La secretaria de Hacienda es la que mayores señalamientos tiene, por mil 895 millones 09 pesos. / Foto | Cortesía

ABUSOS QUE NO SON NUEVOS

Esta forma de actuar de quien hoy está al frente del gobierno estatal comenzó desde el ayuntamiento de Cuernavaca, aunque muchos supieron nada hicieron, no se ahondo sobre ello, y hoy existen denuncias ciudadanas ante la fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Roberto Salinas, señaló que esta denuncia que todavía está pendiente del paso del actual gobernador en el ayuntamiento capitalino no ha sido aclarada ni llegado al fondo.

El asunto grave que provocó una denuncia ciudadana, es en el tema del SAPAC que consideran es quizás el área en donde se puede poner de ejemplo como es el actuar de quién actualmente gobierna la entidad, aunque presuma que no es político y que no vive de la política. Esto hechos no han tenido mucha difusión.

En los considerandos de la denuncia ciudadana, los acusadores refieren a la autoridad que en todo momento existió permisividad e indolencia [por posible complicidad y corrupción] ante el llenado de pipas en pozos del SAPAC, por personas con quienes no se tienen obligaciones contractuales para ello.

“Se hace destacar que ante la falta de pipas para atender la falta de suministro a través de la red de agua potable se pudiera presumir una omisión dolosa de las autoridades del SAPAC, al no haber atendido una observación en la materia que data de la auditoría de 2015 (Anexo 8. RR-0030-2017-III INFO 2015 7 Adquisiciones y Pipas. Páginas 62 a 72), con lo que de facto se ha venido permitiendo e incluso presumiblemente fomentando, un presunto hecho delictivo que afecta al patrimonio del SAPAC, a los ingresos de la Federación y a la economía de los que habitamos en Cuernavaca, incluso generando riesgos a la salud, consistente en que particulares sin autorización alguna, usurpen la función del organismo operador, lucrando una función del Estado, incurriendo en presunta defraudación fiscal ya que no entregan por la prestación del servicio un comprobante con requisitos fiscales, sino simples notas de remisión de las que se pueden comprar en cualquier papelería, sin datos fiscales de ningún tipo, surtiéndose de los pozos del SAPAC, sin tener que retribuir al SAPAC ninguna contraprestación por ello en la mayoría de los casos.

Por todo esto fue solicitado a la Fiscalía de Combate a la Corrupción que sea investigados los presuntos actos de corrupción respecto al presunto desvío de recursos en al menos los últimos cinco años, que debieron utilizarse para el pago prestaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio de los Trabajadores del Poder Ejecutivo, a la Comisión Nacional del Agua, así como recursos que debieron destinarse al pago de servicios de la Comisión Federal de electricidad, mismos que al no realizarse correctamente desde los años 2017, 2018 y 2019 afectaron a la población con el corte de energía a pozos de agua dejando a miles de familias sin servicio de agua.

Asimismo, se investiguen los presuntos actos de desvío de recursos de la partida Fibras Sintéticas, hules plásticos y derivados en los años 2017, 2018 y 2019, en la que presuntamente se adquirieron materiales que no corresponden a la partida presupuestal mencionada, se adquirió una gran cantidad de materiales que presumiblemente no ingresaron al SAPAC y tampoco fueron empleados, además de que la adquisición no se realizó bajo el proceso de

licitación ya que se fraccionaron las compras, no se respetó el Programa Anual de Adquisiciones, así como la presupuestación del gasto.

En este caso, se dio prioridad a empresas principalmente de puebla, un par de ellas fueron liquidadas posterior a la facturación a SAPAC, en su mayoría, las facturas no cuentan con firma en los sellos de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad, en otros casos no cuentan con sello. Tampoco se han localizado contratos con dichas empresas.

También urgen se investigue la presunta desaparición de documentos y expedientes digitales y físicos en dos aparentes sucesos como ataque de virus (abril 2018) y tifón (octubre 2018) de los cuáles, aunque se han declarado la inexistencia de información, en otras solicitudes sí se han entregados documentos.

LA PRIMERA DENUNCIA

La primera denuncia en contra del mandatario estatal, ocurrió el 14 de octubre del 2019, por colocar a familiares y amigos en puestos de el gobierno del Estado y con sueldos de hasta 60 mil pesos.

En ese momento el denunciante fue Roberto Soto Castor, abogado postulante que presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por el delito de ejercicio abusivo de funciones por parte del mandatario. Como su cuñada Liu León Luna, esposa de su hermano Ulises Bravo, quien funge como representante del ejecutivo estatal en la Ciudad de México; Carlos Juárez López y Jaime Juárez López, tíos del hermano del gobernador, quienes laboran el primero como coordinador en la Oficina de la Gubernatura y el segundo como director de Administración en la Comisión Estatal del Agua, con salarios de 60 y 45 mil pesos, respectivamente.

También Armando Shajid Bravo López, quien labora como director general en la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Morelos, con un sueldo de 60 mil pesos mensuales; Baltazar Jonathan Alegría Mejía, amigo cercano a Cuauhtémoc y funge como director general de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables de la Secretaría de Desarrollo Social.

SU JEFE DE GABINETE INCOMODO

Otro escándalo y señalamiento fue que el llamado “jefe del gabinete”, José Manuel Sanz, se le trató de vincular con el manejo inadecuado de recursos enviados al extranjero; en la conferencia de la mañanera del 4 de marzo del 2020, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera daba a conocer una denuncia con el nombre clave ‘Caso Primavera’, Santiago Nieto titular de la UIF, señaló que el "jefe de la oficina de un gobierno local" está involucrado en presuntos desvíos de por al menos 741 millones de pesos y retiros en efectivo por 122 millones de pesos.

“Esta persona recibe transferencias internacionales y regresa una serie de inversiones de una cuenta personal que tiene en Suiza y reporta seis movimientos inusuales por 741 millones de pesos y retiros en efectivo de 122 millones de pesos’, dijo el funcionario. En Morelos los ojos se fijaron en José Manuel Sanz, jefe de la Oficina de la Gubernatura del Estado de Morelos.

Aunque fue negado el principio, tanto los involucrados como el funcionario señaló, nada ocurrió. Pero desde ese momento el “jefe del gabinete” desapareció de la escena pública.

JUICIO POLITICO

El pasado 15 de julio del 2020, quienes se identificaron como integrantes de la sociedad civil y abogados, presentaron una solicitud de juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo por violar la paridad de género en su gabinete y ante la ingobernabilidad que persiste en la entidad desde que asumió el cargo.

Cabe recordar que desde el 01 de octubre de 2018 Cuauhtémoc Blanco Bravo tomó protesta como mandatario estatal; sin embargo, hasta el año pasado a dos años de gobierno las denuncias y quejas en su contra no han cesado, en especial ante la emergencia sanitaria de Covid-19.

Conviene decir que con esta solicitud el titular del Poder Legislativo agregó, la primera denuncia de juicio político como mandatario estatal “por los actos y omisiones que constituyen violaciones graves al marco constitucional vigente y a las responsabilidades que afectaron y afectan la legalidad, lealtad y eficiencia que debió observar en el desempeño de sus funciones”.

El ciudadano Christian Nava Sánchez, entregó la solicitud respaldado por el Jurídico “Perguz y Asociados”, quien subrayó muchos morelenses están hartos de la ingobernabilidad que persiste en el Estado, misma que se vio fortalecida por la pandemia de covid-19, que Blanco Bravo no supo manejar, posicionando a Morelos como el primer lugar per cápita en el mal manejo del nuevo virus.

OTRA DENUNCIA

Recientemente el diputado local independiente José Casas González, informó que interpuso la denuncia ante la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización (ESAF) del Congreso del Estado por el mal manejo que Blanco Bravo hizo del presupuesto municipal en 2016, cuando fue alcalde de Cuernavaca. “Entregué a la ESAF el documento que me hicieron llegar de manera anónima en un sobre cerrado, y contiene 12 observaciones que tienen el carácter ya de resarcitorias por un monto superior a 191 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que el Gobierno del Estado de Morelos debe aclarar o reintegrar 2 mil 235 millones de pesos de la cuenta pública 2019. Sin embargo, de 2006 hasta 2019 suman 14 mil 404 millones de pesos que se deben recuperar o aclarar, siendo 2018 el año con más observaciones, por 6 mil 540 millones de pesos, de acuerdo con datos del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas.

Según el tercer informe de resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública de 2019, en Morelos, el estado gobernado por Cuauhtémoc Blanco Bravo, 17 instituciones hicieron uso del recurso, pero no existe rastro del dinero. Aunque en realidad, en el caso de Morelos, acumula un probable desfalco por 951 millones 795 mil 224.15 pesos, detalló Roberto Salinas. Cabe decir que el monto más grande de recursos faltantes está concentrado un pliego de observaciones, en el que se señalaron irregularidades por 859 millones 76 mil 66.59 pesos, provenientes de los recursos de Participaciones Federales a los Estados.

Roberto Salinas, aseveró que La ASF encontró que esa cantidad de dinero se repartió entre 17 instituciones del gobierno estatal, las cuales no reportaron en qué utilizaron esos recursos. Cabe decir que todo deriva de la revisión de la cuenta pública 2019 donde al Gobierno de Morelos, la Auditoría Superior de la Federación generó 81 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria de los que la Secretaría de la Contraloría de Morelos deberá atender y ejecutar. Se realizaron también, 37 pliegos de observaciones, 12 recomendaciones, 6 solicitudes de aclaración y 1 promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

La institución con más observaciones fue la Secretaría de Hacienda de Morelos, seguida del Seguro Popular y la Comisión Estatal de Agua, y hacen en total nueve rubros, aunque por mucho es la secretaria de Hacienda la que mayores señalamientos tiene, por mil 895 millones 09 pesos. Mientras que al llamado anteriormente Seguro Popular, con 206.4 millones de pesos, y así le siguen otras como Comisión Estatal del Agua, Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, IEBEM, DIF estatal, el secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, los servicios de salud, y el Instituto Estatal de Educación para los Adultos. Todas estas entidades con recursos pendientes por recuperar o aclarar por la Auditoria Superior de la Federación correspondiente al 2019.

Cabe decir, sin embargo, estos señalamientos sobre las dudas que prevalecen en el manejo del dinero público donde ha estado Blanco Bravo no son nuevas, tampoco es la única, existen acusaciones desde que estaba al frente del ayuntamiento de Cuernavaca.

La secretaria de Hacienda es la que mayores señalamientos tiene, por mil 895 millones 09 pesos. / Foto | Cortesía

ABUSOS QUE NO SON NUEVOS

Esta forma de actuar de quien hoy está al frente del gobierno estatal comenzó desde el ayuntamiento de Cuernavaca, aunque muchos supieron nada hicieron, no se ahondo sobre ello, y hoy existen denuncias ciudadanas ante la fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Roberto Salinas, señaló que esta denuncia que todavía está pendiente del paso del actual gobernador en el ayuntamiento capitalino no ha sido aclarada ni llegado al fondo.

El asunto grave que provocó una denuncia ciudadana, es en el tema del SAPAC que consideran es quizás el área en donde se puede poner de ejemplo como es el actuar de quién actualmente gobierna la entidad, aunque presuma que no es político y que no vive de la política. Esto hechos no han tenido mucha difusión.

En los considerandos de la denuncia ciudadana, los acusadores refieren a la autoridad que en todo momento existió permisividad e indolencia [por posible complicidad y corrupción] ante el llenado de pipas en pozos del SAPAC, por personas con quienes no se tienen obligaciones contractuales para ello.

“Se hace destacar que ante la falta de pipas para atender la falta de suministro a través de la red de agua potable se pudiera presumir una omisión dolosa de las autoridades del SAPAC, al no haber atendido una observación en la materia que data de la auditoría de 2015 (Anexo 8. RR-0030-2017-III INFO 2015 7 Adquisiciones y Pipas. Páginas 62 a 72), con lo que de facto se ha venido permitiendo e incluso presumiblemente fomentando, un presunto hecho delictivo que afecta al patrimonio del SAPAC, a los ingresos de la Federación y a la economía de los que habitamos en Cuernavaca, incluso generando riesgos a la salud, consistente en que particulares sin autorización alguna, usurpen la función del organismo operador, lucrando una función del Estado, incurriendo en presunta defraudación fiscal ya que no entregan por la prestación del servicio un comprobante con requisitos fiscales, sino simples notas de remisión de las que se pueden comprar en cualquier papelería, sin datos fiscales de ningún tipo, surtiéndose de los pozos del SAPAC, sin tener que retribuir al SAPAC ninguna contraprestación por ello en la mayoría de los casos.

Por todo esto fue solicitado a la Fiscalía de Combate a la Corrupción que sea investigados los presuntos actos de corrupción respecto al presunto desvío de recursos en al menos los últimos cinco años, que debieron utilizarse para el pago prestaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio de los Trabajadores del Poder Ejecutivo, a la Comisión Nacional del Agua, así como recursos que debieron destinarse al pago de servicios de la Comisión Federal de electricidad, mismos que al no realizarse correctamente desde los años 2017, 2018 y 2019 afectaron a la población con el corte de energía a pozos de agua dejando a miles de familias sin servicio de agua.

Asimismo, se investiguen los presuntos actos de desvío de recursos de la partida Fibras Sintéticas, hules plásticos y derivados en los años 2017, 2018 y 2019, en la que presuntamente se adquirieron materiales que no corresponden a la partida presupuestal mencionada, se adquirió una gran cantidad de materiales que presumiblemente no ingresaron al SAPAC y tampoco fueron empleados, además de que la adquisición no se realizó bajo el proceso de

licitación ya que se fraccionaron las compras, no se respetó el Programa Anual de Adquisiciones, así como la presupuestación del gasto.

En este caso, se dio prioridad a empresas principalmente de puebla, un par de ellas fueron liquidadas posterior a la facturación a SAPAC, en su mayoría, las facturas no cuentan con firma en los sellos de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad, en otros casos no cuentan con sello. Tampoco se han localizado contratos con dichas empresas.

También urgen se investigue la presunta desaparición de documentos y expedientes digitales y físicos en dos aparentes sucesos como ataque de virus (abril 2018) y tifón (octubre 2018) de los cuáles, aunque se han declarado la inexistencia de información, en otras solicitudes sí se han entregados documentos.

LA PRIMERA DENUNCIA

La primera denuncia en contra del mandatario estatal, ocurrió el 14 de octubre del 2019, por colocar a familiares y amigos en puestos de el gobierno del Estado y con sueldos de hasta 60 mil pesos.

En ese momento el denunciante fue Roberto Soto Castor, abogado postulante que presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por el delito de ejercicio abusivo de funciones por parte del mandatario. Como su cuñada Liu León Luna, esposa de su hermano Ulises Bravo, quien funge como representante del ejecutivo estatal en la Ciudad de México; Carlos Juárez López y Jaime Juárez López, tíos del hermano del gobernador, quienes laboran el primero como coordinador en la Oficina de la Gubernatura y el segundo como director de Administración en la Comisión Estatal del Agua, con salarios de 60 y 45 mil pesos, respectivamente.

También Armando Shajid Bravo López, quien labora como director general en la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Morelos, con un sueldo de 60 mil pesos mensuales; Baltazar Jonathan Alegría Mejía, amigo cercano a Cuauhtémoc y funge como director general de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables de la Secretaría de Desarrollo Social.

SU JEFE DE GABINETE INCOMODO

Otro escándalo y señalamiento fue que el llamado “jefe del gabinete”, José Manuel Sanz, se le trató de vincular con el manejo inadecuado de recursos enviados al extranjero; en la conferencia de la mañanera del 4 de marzo del 2020, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera daba a conocer una denuncia con el nombre clave ‘Caso Primavera’, Santiago Nieto titular de la UIF, señaló que el "jefe de la oficina de un gobierno local" está involucrado en presuntos desvíos de por al menos 741 millones de pesos y retiros en efectivo por 122 millones de pesos.

“Esta persona recibe transferencias internacionales y regresa una serie de inversiones de una cuenta personal que tiene en Suiza y reporta seis movimientos inusuales por 741 millones de pesos y retiros en efectivo de 122 millones de pesos’, dijo el funcionario. En Morelos los ojos se fijaron en José Manuel Sanz, jefe de la Oficina de la Gubernatura del Estado de Morelos.

Aunque fue negado el principio, tanto los involucrados como el funcionario señaló, nada ocurrió. Pero desde ese momento el “jefe del gabinete” desapareció de la escena pública.

JUICIO POLITICO

El pasado 15 de julio del 2020, quienes se identificaron como integrantes de la sociedad civil y abogados, presentaron una solicitud de juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo por violar la paridad de género en su gabinete y ante la ingobernabilidad que persiste en la entidad desde que asumió el cargo.

Cabe recordar que desde el 01 de octubre de 2018 Cuauhtémoc Blanco Bravo tomó protesta como mandatario estatal; sin embargo, hasta el año pasado a dos años de gobierno las denuncias y quejas en su contra no han cesado, en especial ante la emergencia sanitaria de Covid-19.

Conviene decir que con esta solicitud el titular del Poder Legislativo agregó, la primera denuncia de juicio político como mandatario estatal “por los actos y omisiones que constituyen violaciones graves al marco constitucional vigente y a las responsabilidades que afectaron y afectan la legalidad, lealtad y eficiencia que debió observar en el desempeño de sus funciones”.

El ciudadano Christian Nava Sánchez, entregó la solicitud respaldado por el Jurídico “Perguz y Asociados”, quien subrayó muchos morelenses están hartos de la ingobernabilidad que persiste en el Estado, misma que se vio fortalecida por la pandemia de covid-19, que Blanco Bravo no supo manejar, posicionando a Morelos como el primer lugar per cápita en el mal manejo del nuevo virus.

OTRA DENUNCIA

Recientemente el diputado local independiente José Casas González, informó que interpuso la denuncia ante la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización (ESAF) del Congreso del Estado por el mal manejo que Blanco Bravo hizo del presupuesto municipal en 2016, cuando fue alcalde de Cuernavaca. “Entregué a la ESAF el documento que me hicieron llegar de manera anónima en un sobre cerrado, y contiene 12 observaciones que tienen el carácter ya de resarcitorias por un monto superior a 191 millones de pesos.

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