La Reforma Electoral para el estado de Morelos permitirá la usurpación de más espacios que deben ser entregados a personas integrantes de los diferentes grupos vulnerables de la entidad, así lo señaló Saúl Atanasio Roque, vocero del Consejo de los Pueblos Originarios de Morelos.
Dicha propuesta, fue impulsada por la diputada local por Morena, Macrina Vallejo a inicios del mes de mayo y fue aprobada por la mayoría de las y los diputados.
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La iniciativa: "Propone ajustar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales a la realidad actual, para consolidar la democracia, la tranquilidad y el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas del estado".
En conferencia de prensa en el municipio de Cuernavaca, Atanasio Roque, acompañado por más miembros del consejo, hicieron un llamado al Ejecutivo para que se publique este dictamen de ley en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" para que puedan proceder con las acciones correspondientes e impugnar en los puntos donde sean detectadas anomalías en contra de los pueblos originarios.
Mencionó que, uno de los puntos fue el no tomar en cuenta la Consulta Indígena que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) realizó recientemente, luego de la sentencia de la Sala Regional de la Ciudad de México.
"No tomaron en cuenta los resultados de la Consulta (indígena) que fue una sentencia que puso la Sala Regional y la Sala Superior, y lo cual nosotros no estamos viendo plasmados en la sesión que se hizo en el congreso que están presentando", dijo Atanasio Roque.
Reconoció que la iniciativa tiene varios puntos en los que se dicen a favor, como el reconocer a la Asamblea General Comunitaria como una instancia de autoridad para deliberar y tomar decisiones en los pueblos originarios.
Sin embargo, dijo que también muestra otros rubros que representarían un retraso en la lucha por la defensa de los derechos político-electorales, como el reducir de cinco a tres el número de diputaciones para personas indígenas en la entidad.
Asimismo, esta beneficiaría a aquellos que usurparon un lugar que por ley les pertenece a integrantes de grupos vulnerables, pues en caso de buscar un nuevo cargo de elección popular ya no deberán acreditar que efectivamente pertenecen a estos grupos.
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