Ante el anuncio que hiciera el ejido de Cuautla sobre la posible inauguración de la planta termoeléctrica de Huexca este dos de diciembre, por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la mañana de este miércoles un grupo de habitantes de dicha localidad, perteneciente al municipio de Yecapixtla, se posicionó fuera de las instalaciones para manifestar su rechazo a la operación de esta obra.
“Estamos en esta ocasión esperando al presidente López Obrador, que quedó de venir este día, el dos de diciembre, para ver si viene, porque nosotros no estamos de acuerdo con la termoeléctrica, y queremos que vea que acá estamos, porque estamos interesados en que no queremos esa termoeléctrica, por todos los daños que va a ocasionar”, expresó una habitante de Huexca.
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió al Gobierno Mexicano presentar una serie de informes luego de la solicitud de medidas cautelares realizada por opositores a la operación de la planta termoeléctrica de Huexca, tras el desalojo del plantón de San Pedro Apatlaco que, desde hace cuatro años, impedía la conexión del acueducto del Proyecto Integral Morelos (PIM) con la central de ciclo combinado.
De acuerdo con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), la CIDH solicitó al Estado Mexicano presentar sus observaciones sobre la solicitud de medidas cautelares de las 17 comunidades y ejidos que las requirieron; informar sobre las medidas que se han implementado para proteger la vida e integridad de las personas propuestas como beneficiarias; informar sobre si la situación de dichas personas habría sido revisada a nivel interno, así como cualquier información adicional. Dichos informes deben ser prestados en un plazo de siete días a partir del pasado 30 de noviembre.
Asimismo, la CIDH hizo una serie de solicitudes al FPDTA-MPT, como precisar “el universo de personas propuestas como beneficiarias, incluyendo cuántas comunidades son y cuántos habitantes tiene cada comunida”, además de aportar información más detallada sobre la situación de riesgo que viven, entre otras solicitudes relacionadas con las acciones legales emprendidas. La organización sostiene que a la fecha el movimiento ha logrado ocho suspensiones de plano para evitar la disminución del caudal de riego al que tienen derecho.
